¿Cómo usar notas periodísticas para entender mejor la violencia criminal en México?

La violencia criminal en México sigue presente, tan presente como la estrategia de seguridad militarizada implementada desde la administración de Felipe Calderón (2006-2012) que centra a las Fuerzas Armadas como las principales ejecutoras de la seguridad pública. Esta guerra contra el crimen organizado también ha sido una guerra contra periodistas, tanto que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. Según Reporteros sin Fronteras, desde el año 2000 cerca de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México. A pesar de ello, y ante la opacidad de los diferentes niveles e instituciones del gobierno, especialmente después del mandato de Calderón, el periodismo es una de las fuentes principales de información que tenemos en el país. Pero, además de informar a millones de ciudadanos acerca de la situación que se vive en los diferentes estados del país, ¿podrían utilizarse las notas periodísticas para informar las políticas públicas desde una perspectiva objetiva?

Primero, acordemos que para poder responder efectivamente a los retos de inseguridad que vivimos y evaluar las estrategias que el Gobierno implementa se requieren de datos, pero por la propia naturaleza del problema, estos siempre son muy escasos. En el país no hemos contado con datos oficiales sobre violencia criminal desde la publicación de la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” y la “Base de datos CIDE-PPD” que permitieron conocer, para el período 2006 al 2011, cuántos homicidios se habían producido relacionados con el crimen organizado (porque cumplían con ciertas características o con un modus operandi específico que les permitía a las autoridades catalogarlos como relacionados con el crimen organizado). Desde ese entonces, diversas organizaciones civiles y académicas han realizado esfuerzos titánicos para recopilar información relevante acerca de la violencia criminal y la presencia del crimen organizado en el país. Mexico Violence Resource Project del Centro para estudios de Estados Unidos y México de la Universidad de California en San Diego (UCSD) publicó un mapa que muestra los sitios donde operaron los grupos criminales de 2007 a 2015 con base en diversas fuentes. La consultora Lantia también publicó un mapa de la presencia criminal en México durante 2019 con base en el monitoreo de fuentes abiertas agrupando a los grupos criminales en siete categorías. El Universal, por su lado, cuenta con una página interactiva donde muestra la ubicación de casi cien grupos o bandas del crimen organizado en los últimos años con base en más de cincuenta reportes de inteligencia realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, en 2019, junto con Google News Initiative, este periódico lanzó el proyecto “Zonas de silencio” donde mostraron las áreas en el país donde la violencia azotó al periodismo limitando sus capacidades para ofrecer información a la sociedad. A partir de este esfuerzo, El Universal y el Programa de Política de Drogas (PPD) decidieron colaborar para publicar una nueva base de datos que aportara información relevante sobre el fenómeno de la violencia criminal en el país.

La base de datos de noticias relacionadas con violencia criminal, publicada por el PPD en colaboración con el equipo de “Zonas de Silencio” de El Universal, registra noticias publicadas por medios locales, nacionales e internacionales acerca de violencia criminal. La misma contiene información sobre 44 705 eventos que fueron publicados en prensa, de los cuales se puede extraer información sobre la actuación de grupos criminales y el contexto en el cual se dan eventos violentos relacionados al crimen organizado en México. A pesar de que se analiza un periodo de tiempo muy corto (28 meses), la desagregación de la base por día y por nota permite hacer análisis que no se han podido realizar anteriormente con la información disponible. La base de datos contiene variables que dan información acerca del estado donde sucedió el evento, la fuente que publicó la nota (su ubicación, y si es local, nacional o internacional), los grupos identificados, el texto de la nota y el enlace en donde se puede encontrar.

Entre algunos resultados del análisis, vale la pena resaltar que los estados con mayor número de notas sobre eventos fueron Chihuahua (5234), Guanajuato (4219) y Michoacán (3950); los menos reportados fueron Baja California Sur (38 notas), Campeche (60 notas) y Aguascalientes (69 notas). Un 60 % de las notas son publicadas por medios ubicados en el mismo estado donde ocurrió el evento; el 76 % son notas de periódicos locales (no necesariamente ubicados en los mismos estados donde sucedió el evento), el 23.5 % de periódicos nacionales y un 0.5 % de medios internacionales. El grupo que más se menciona en las noticias es el Cártel Jalisco Nueva Generación con 315 menciones, seguido por el Cártel de Sinaloa con 108 y el Chapo con 107.

Gráfica 1: Número de notas que se reportaron de eventos en cada estado

La metodología, cuyos detalles se pueden consultar en el cuaderno de trabajo “Base de Datos sobre noticias periodísticas acerca de la violencia criminal en México: 2017 al 2019”, publicado en la página web del PPD, constó de cinco fases. En la primera etapa se construyó un diccionario de palabras relacionadas al crimen organizado y un diccionario de exclusión de palabras relacionadas con violencia causada por fuentes externas al crimen organizado. En la segunda etapa se realizó un segundo proceso de exclusión por temas como violencia feminicida, muertes por desastres naturales o ejecuciones extrajudiciales. También se eliminaron noticias sobre eventos que sucedieron fuera de México. En una tercera etapa se identificaron las notas duplicadas, las cuales no fueron eliminadas pues analizarlas puede ser importante para entender el contexto en el cual una noticia tiene más cobertura y poder entender mejor las zonas de silencio. En la cuarta etapa se identificó el estado donde ocurrió el evento y donde está ubicado el medio periodístico, categorizándolo como local, nacional o internacional. En esta etapa se identificaron alrededor de 505 periódicos diferentes. Y, por último, se identificaron 205 nombres de bandas, grupos, cárteles y organizaciones criminales que fueron mencionados en las notas. Cabe señalar que sólo el 3 % de las notas mencionan el nombre de algún grupo criminal.

Esta base de datos tiene limitaciones a considerar. Primero, no fue posible extraer automáticamente el número de homicidios sin asumir un alto margen de error. Probablemente, esta limitante pueda ser subsanada con el uso de machine learning, ofreciendo la oportunidad a futuro de extraer una base de datos de homicidios relacionados al crimen organizado durante el período de análisis. Una segunda limitante es que los medios fueron identificados por Google News, así que no es una representación completa de todos los medios que reportan violencia criminal en México. Por ejemplo, medios menos reconocidos, informales (blogs, páginas de Facebook) y no digitales quedaron excluidos del análisis. Y por último, debido a que diversas notas son redactadas de manera muy heterogénea, es posible que no hayamos podido detectar eventos duplicados con redacción distinta, sobreestimando el número de eventos.

Combinar esta base de datos con bases ya existentes acerca de la violencia criminal a nivel local, cambios de partidos políticos en el poder en las entidades federativas o ataques a periodistas, abre las puertas para expandir nuestro entendimiento acerca de la violencia criminal en México y realizar análisis más granulares acerca del comportamiento local de la prensa, la forma en cómo se reportan los hechos violentos y las dinámicas entre la política, la sociedad, la prensa y los grupos armados en el país. Con este artículo invitamos al lector a revisar la base y a utilizarla en un futuro para complementar sus agendas de investigación relacionadas con el crimen organizado en México.

Laura Atuesta
Doctora en Economía Aplicada de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Profesora investigadora del CIDE y coordinadora del Programa de Política de Drogas. Actualmente se encuentra como profesora visitante de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia.

Samantha Pérez Dávila
Doctorante en la Pardee RAND Graduate School, colaboradora del Programa de Política de Drogas, y editora de este espacio.

Monserrat Lara
Analista de investigación y datos con experiencia en economía del desarrollo y evaluación de impacto

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