Es paradójico el reconocimiento del gobierno de sus deudas con las víctimas de un sistema de justicia desigual, mientras que a la par se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Resulta desconcertante una medida como ésta, a la luz una narrativa que considera que el encarcelamiento de imputados es la estrategia idónea para la disminución de la incidencia delictiva.

Este texto busca deliberadamente dar un respiro en momentos de ánimo general mermado en el tema de seguridad. Es una invitación a enfocar la mirada en puntos específicos del país —en ciertas ciudades— donde, sin sugerir que se tiene todo resuelto, paso a paso se construyen desde hace unos años resultados favorables en un terreno en el que acostumbramos pensar que nada funciona.