Nuestra Constitución y diversos tratados internacionales establecen las reglas del juego: la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.

Mientras que podemos observar un repunte de los asesinatos de mujeres registrados durante el mes de abril de 2020 (primeras semanas de la Jornada Nacional de Sana Distancia) en estados como Guanajuato, Chihuahua, Sonora o Chiapas; en otros, como Guerrero y Michoacán, se nota una tendencia inversa.

Nuestro texto constitucional es claro en que las instituciones de seguridad deberán ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté estrictamente relacionada con la disciplina militar.

Aunque casi han pasado dos años desde que la administración federal cambió de manos, todo parece indicar que la política de drogas dictada por el Ejecutivo y aplicada por las Fuerzas Armadas permanece inmutable, a pesar de los numerosos cuestionamientos sobre su eficacia y justificación. En particular, la erradicación de cultivos ilícitos sigue materializando la doctrina de un Estado que afirma su presencia con botas y helicópteros en algunas de las regiones más marginadas del país.

El fenómeno de desaparición parece comportarse de forma muy similar al de homicidio doloso y feminicidio. Esto podría indicar que el estado no solo vive una importante crisis de violencia letal, sino que la ola de asesinatos estaría aparejada con una ola simultánea de desapariciones. Esta relación parecería confirmarse con la enorme presencia de fosas clandestinas.