Aunque casi han pasado dos años desde que la administración federal cambió de manos, todo parece indicar que la política de drogas dictada por el Ejecutivo y aplicada por las Fuerzas Armadas permanece inmutable, a pesar de los numerosos cuestionamientos sobre su eficacia y justificación. En particular, la erradicación de cultivos ilícitos sigue materializando la doctrina de un Estado que afirma su presencia con botas y helicópteros en algunas de las regiones más marginadas del país.

El fenómeno de desaparición parece comportarse de forma muy similar al de homicidio doloso y feminicidio. Esto podría indicar que el estado no solo vive una importante crisis de violencia letal, sino que la ola de asesinatos estaría aparejada con una ola simultánea de desapariciones. Esta relación parecería confirmarse con la enorme presencia de fosas clandestinas.

La violencia en Colima no es solo del tipo letal. Está presente en los distintos espacios, ya sean públicos o privados. Tampoco es un fenómeno reciente, como es el caso de violencia familiar y de género donde tiene una tendencia al alza desde enero de 2017, misma que no ha aminorado.

Nuestro análisis de la violencia letal a nivel local, sin embargo, se enfrenta a los límites actuales del registro de la incidencia delictiva en México. A nivel municipal, el registro de carpetas de investigación iniciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) carece de información sobre el número de víctimas que contienen.