Hablar de una relación causal entre gasto y nivel de seguridad conlleva una simplificación extrema de los fenómenos de inseguridad y violencia, ya que existen múltiples variables que inciden en su desarrollo; sin embargo, es importante analizar cuánto se ha gastado en seguridad pública y, sobre todo, cómo se ha gastado.

Uno de los problemas que generalmente enfrentan los procesos transicionales es la tensión que surge entre dos valores cuyo carácter es invaluable: la justicia y la paz. Esta tensión surge del enfrentamiento, por un lado, de los imperativos jurídicos internacionales que muestran una clara tendencia hacia la exigencia del castigo de los perpetradores y, por el otro, de las restricciones derivadas de las realidades políticas de cada país, así como de la necesidad de lograr negociaciones exitosas para finalizar el conflicto.

Las instituciones de seguridad y justicia del país tienen ante sí una clara disyuntiva: la posibilidad de realizar un proceso serio de evaluación de resultados para rescatar acciones valiosas y apostar por estrategias innovadoras que corrijan los errores del pasado, o repetir sin cuestionar las estrategias recurrentes que han dado resultados magros.

A pesar de que es cierto que la violencia es más propensa en un mercado ilegal que en su contraparte, la violencia atribuida a las drogas en México fue producto de la transformación de las relaciones entre los participantes relevantes, no de la juridicidad del mercado. Existen numerosos casos de mercados ilegales carentes de violencia, por ejemplo el de animales en Sudáfrica y Namibia, o el de drogas en Australia y Birmania.