Se propone la creación de un modelo nacional de certificación penitenciaria, que combine derechos humanos, control y seguridad, reinserción basada en evidencia, supervisión interna, inteligencia penitenciaria y uso estratégico de tecnología. Este modelo buscaría homogeneizar estándares, optimizar recursos y lograr una reinserción social efectiva.

La reforma representa una transformación estructural del sector de telecomunicaciones, con amplias facultades para el Estado. Su legitimidad no dependerá del texto legal, sino de cómo se interprete y supervise. El desafío principal no es tecnológico, dependerá de la capacidad del Ejecutivo para prevenir abusos y proteger datos de uso indebido.

La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública representa una oportunidad para fortalecer la investigación penal mediante inteligencia legal y estratégica. Sin embargo, quedan retos importantes de profesionalización del personal, cultura institucional de colaboración y, sobre todo, compromiso con la ética y los derechos humanos.

No se superará la crisis forense mientras los esfuerzos se enfoquen sólo en la identificación. Es esencial también asegurar la entrega digna de los cuerpos ya identificados y establecer mecanismos eficientes de búsqueda de familiares.

Lejos de fortalecer la democracia, la reforma judicial disfrazó el control político con una fachada de elección popular. La baja participación y las irregularidades evidencian que no fue el pueblo quien eligió a las personas juzgadoras.

El autor propone una profesionalización policial real que supere la simple formación técnica y se base en la producción de conocimiento, la apertura institucional, la toma de decisiones basada en evidencia y la rendición de cuentas.