Este martes cerró la elección intermedia en Estados Unidos con implicaciones modestamente positivas para México. Durante la administración del presidente Donald Trump, el partido republicano ha controlado tanto el Senado como la Cámara Baja. Esto ha facilitado, entre otras cosas, el endurecimiento de políticas migratorias, la adopción de medidas proteccionistas en el comercio y el apoyo a posturas en contra de la regulación de armas de fuego.

El hecho simple es que mucho de lo que van a intentar va a fracasar o al menos, no va a resultar como esperaban. Pero, de nuevo, eso no es un problema por sí mismo. Muchas iniciativas y muchas ideas no sobrevivirán su puesta en práctica. El problema ocurrirá, en realidad, si deciden aferrarse a lo que no funciona. Ya florecieron—y florecerán—decenas, cientos de ideas, hay que dejar que las que no funcionen se marchiten a su tiempo.

Una de las grandes paradojas de la guerra contra las drogas es que convirtió a los narcotraficantes en “guerreros del crimen” con incentivos crecientes para enfrentar, con instrumentos de combate armado, al Estado y a organizaciones rivales. Esta guerra sucede en un contexto de profunda inequidad que es fuente adicional de violencia.

Más de nueve mil mujeres están en la cárcel en México. Aproximadamente la mitad se encuentra en prisión preventiva, una medida que se usa para encarcelar a una persona que podría representar un grave peligro para la sociedad o que se cree que podría sustraerse del proceso penal, aun cuando un juez no la ha encontrado culpable.

Un mejor proceso judicial reduce el riesgo de que un inocente vaya a prisión o reciba una sanción, pero no aumenta por sí solo las posibilidades de que quien cometió un delito reciba un castigo. Esto no depende de los criterios del juez, sino de la capacidad de los otros eslabones del sistema de seguridad y justicia para que, por medio de la investigación, se identifique al perpetrador y se pruebe su responsabilidad. Pero esto no está ocurriendo.