La violencia homicida responde a una lógica que todavía no logramos entender a profundidad. La situación de inseguridad y violencia en el país es alarmante, especialmente en entidades como Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Baja California y Chihuahua, entidades que han concentrado un tercio de la violencia estos últimos cinco años.
Agenda
Armas y matanzas en México
La masacre de la familia LeBaron, encima de las matanzas masivas del mes pasado en Aguililla, Michoacán; Iguala, Guerrero; y Culiacán, Sinaloa respectivamente muestran como el mercado de armas de asalto en Estados Unidos contribuye a la crisis de violencia en México.
Retos en el monitoreo de la incidencia delictiva
Sin datos confiables, resulta imposible diseñar, monitorear y evaluar estrategias que atiendan de forma adaptada los distintos fenómenos delictivos. Ante la oportunidad de mejorar el sistema de captación, clasificación y reporte de los delitos, esperemos que el SESNSP y las Fiscalías estatales estén a la altura de estos retos.
¿Qué promete y qué funciona? · Agenda · Crimen organizado
La Kingpin Strategy: ¿qué es y cómo llegó a México?
La literatura sobre crimen organizado en México está llena de referencias a la Kingpin Strategy, una estrategia a la que se le asocia con el descabezamiento de grupos criminales. Más notablemente durante el sexenio de Felipe Calderón, periodistas y académicos refirieron a esta estrategia como el corazón de la política de seguridad pública contra el crimen organizado de ese gobierno.
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Una amnistía de miras estrechas (II de II)
Es paradójico el reconocimiento del gobierno de sus deudas con las víctimas de un sistema de justicia desigual, mientras que a la par se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Resulta desconcertante una medida como ésta, a la luz una narrativa que considera que el encarcelamiento de imputados es la estrategia idónea para la disminución de la incidencia delictiva.
Una amnistía de miras estrechas (I de II)
El sistema de justicia en México tiene una deuda innegable con la población más vulnerable. Una mirada empírica basta para comprobar que la pertenencia a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos es un factor que cierra las puertas del debido proceso y abre las de la cárcel.