La pandemia de COVID-19 ha traído diversas implicaciones para la vida diaria. Uno de los mayores impactos, más allá de los obvios en salud y economía, se encuentra en el rubro de la seguridad ciudadana. Una conclusión lógica podría ser que, entre menos gente en la calle, se reducen los delitos.

El peligro de contagio por Covid-19 en las prisiones nos alcanzó. En México, el 11 de abril las autoridades confirmaron los primeros cinco casos —entre ellos, un custodio— en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en el Estado de México, así como otro más en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán.

Contra lo que pudiera pensarse, la coyuntura por el Covid-19 abre una oportunidad para trabajar en torno a los mecanismos de legitimidad policial y facilitar, con ello, la cooperación con las medidas de prevención: que en sus patrullajes y recorridos de vigilancia, las y los agentes de policía comuniquen de manera respetuosa y clara las medidas de prevención emitidas por el sector salud.

Más allá de los países en guerras civiles, Latinoamérica destaca como una de las regiones más violentas del mundo de acuerdo con fuentes de información diversas: encuestas de victimización, estadísticas de mortalidad por homicidios, o datos disponibles de crímenes patrimoniales (robo–secuestro). Paradójicamente, después de diversos ciclos de crisis, la región logró años de crecimiento económico sostenido pero el crimen en sus dimensiones fue al alza.