El panorama no es nada alentador pues el gobierno padece de la misma miopía de la que padecemos muchos investigadores del crimen y la violencia en Colombia. En un contexto en el que se requiere flexibilidad operativa, perspectiva local y diálogo con las comunidades más afectadas por la violencia, se ha decidido incrementar la fallida estrategia de la erradicación forzada contra las comunidades, desconociendo las ya documentadas diferencias entre las economías de guerra, las economías ilegales y las economías de supervivencia.

Hoy el debate sobre seguridad pública en Estados Unidos se plantea desde una postura más radical: ya no se trata de reformar sino de eliminar la policía o reducir su financiamiento. Puede parecer que este tipo de medidas estén muy lejos del margen de lo políticamente viable, pero ya hay funcionarios públicos comprometidos con las mismas.