La relación del crimen organizado con los medios de comunicación es compleja. Buena parte de la existencia de los cárteles tiene lugar en una dimensión mediática; por ello es preciso analizar los materiales periodísticos sobre el crimen organizado como realidades con una lógica propia y no como reflejos idénticos de la realidad.

De acuerdo a los señalamientos de la Fiscalía General de Tamaulipas, la masacre del 22 de enero en Camargo, que cobró la vida de 19 personas —la mayoría de ellas migrantes—, habría sido perpetrada por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una unidad de élite de la policía estatal.

No hay excusas para no iniciar solicitudes de identificación con datos biométricos. Existe un marco normativo que permite y regula el intercambio de huellas dactilares en México. Por indiferencia o ausencia de voluntad, organización y directrices más claras, no se aprovecha.

El debate que se abre ahora sobre los ocho Ceferesos operados bajo la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios nos pone frente a una disyuntiva muy perversa: empresas que ven a las personas privadas de libertad como números, frente a un gobierno preocupado por recortarlos. A la par, y en medio de una pandemia mundial, el número de personas que ingresa a prisión sigue en aumento constante.

La crisis económica y la sanitaria propiciadas por el covid-19 han provocado un cambio en los mercados. El mercado de drogas ilegales no es la excepción. El efecto a largo plazo dista de poder dimensionarse totalmente pues la pandemia aún no termina; además, esta situación no es comparable con crisis anteriores.