Más allá de los problemas en las disposiciones o instrumentos para la entrega de armamento de la Sedena a gobiernos locales, la entrega en sí ha sido atropellada.

La semana pasada nos enteramos del brutal asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, ocurrido durante su arresto. Los cuatro policías implicados en el asesinato fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio pero, ¿estamos en efecto ante un caso de feminicidio?

Existe constancia de que, en años recientes, algunos de los más violentos en México, existieron anomalías en la entrega de armas de fuego y municiones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a gobiernos subnacionales.

La separación del cargo de elementos policiales por el incumplimiento de requisitos administrativos no abona a mejorar la seguridad pública. Sólo la burocratiza más.

¿Tiene el gasto en seguridad pública resultados tangibles en la reducción del crimen y la violencia, así como en el fortalecimiento de nuestras policías? Para obtener esta respuesta, la ciudadanía debe demandar rendición de cuentas en el gasto público en esta agenda.

En 2020, las procuradurías de justicia y fiscalías estatales del país reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 3 723 asesinatos de mujeres de forma violenta, de los cuales sólo 940 fueron investigados como feminicidios.