Limitar el acceso al territorio a varones armados encubre los pactos que se ejercen entre estos; oscurece el proceso de construcción del orden violento y a los actores que se benefician de él.

El fin último de la gobernanza criminal es generar control político, económico y social en escenarios regionales o locales. En Tamaulipas hay mucho de ello, como se ha observado en lo que va de 2021.

No hay razones para pensar que se obtendrán mejores resultados en términos de seguridad pública si al centro de la política de seguridad se encuentra el Ejército en lugar de las policías.

A diez años de la entrada en vigor de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, podemos preguntar: ¿en verdad significó un nuevo paradigma? ¿Mejoró la situación de los derechos humanos en México?

Pensar en formas de justicia más allá del castigo nos obliga a adquirir compromisos morales con una sociedad que ha sufrido durante más de dos décadas el recrudecimiento de varios tipos de violencias.