México inicia su proceso para mirar una parte de su largo pasado represivo en un contexto de enorme polarización política, alimentada cotidianamente por el propio presidente y retroalimentada por la oposición partidista.

La situación de inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe), cerca de 60 % de la población la considera el problema más grave. Sin embargo, analizar la percepción ciudadana sobre la situación de la inseguridad es mucho más complejo que ofrecer un dato general.

La Comisión para la Verdad y la Justicia 1965-1990 es el último y más acabado esfuerzo por avanzar hacia el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el periodo conocido como la “guerra sucia”, así como en la búsqueda de justicia y reparación. No es, sin embargo, el único; es parte de una larga travesía de experiencias y esfuerzos que datan de hace más de treinta años.

A diferencia de aquellos que fueron víctimas de corrupción policial y protestan con ira y enojo en las calles, las víctimas de corrupción del Ministerio Público parecen canalizar estos sentimientos a través de instancias que buscan hacer rendir cuentas a los responsables.

Se debe apostar por el cuidado de la salud mental de quienes están a cargo de garantizar nuestra seguridad y el orden de nuestras comunidades. ¿Cómo podemos lograrlo?