Sin duda, los grupos delictivos desempeñan un rol político en sus comunidades porque consiguen, concentran o ejercen el poder. Pero no sólo eso. Desempeñan un rol político en la medida que forman parte del engranaje de otros actores para conseguir, concentrar y ejercer poder.

No hay ni habrá fuerza policial o militar que baste, porque en un Estado democrático ninguna de estas instituciones sustituye a la procuración e impartición de justicia como vía para la paz. Esto requiere de un plan a mediano y largo plazo de refundación de nuestro sistema de seguridad y justicia con un liderazgo federal, pero que recupere y aterrice en las diversas realidades de nuestro país.

Entre 2006 y lo que va de 2022 en México se han registrado más de 88 000 personas desaparecidas y no localizadas; aproximadamente una cuarta parte son niñas y mujeres —21 166—. De éstas, el 44 % son niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años, mientras que los varones desaparecidos de la misma edad representan el 14 %. Es por ello que la búsqueda de niñas y mujeres adolescentes y adultas con perspectiva de género es fundamental.

La violencia en Chihuahua trasciende a Ciudad Juárez. Tampoco es un fenómeno nuevo ni único en el norte de México. Mirar las especificidades locales de los acontecimientos nos permite conocer otras formas destructivas y reproductivas de la violencia.

La Guardia Nacional y su reforma constitucional son la muestra máxima, hasta ahora, de los alcances de la militarización en México. A la fecha su actuación no ha resultado en mejores condiciones de seguridad, ni ha eliminado prácticas ilegales o corruptas asociadas con la actuación policial.