Que el umbral derivado del derecho internacional para calificar una situación como un conflicto armado no internacional sea alto corresponde a un principio básico, pero cada vez más olvidado: el Estado es responsable activa y pasivamente por el respeto, la protección y la garantía de los derechos de quienes estén bajo su jurisdicción.

Es urgente y necesario que México cuente con un verdadero cuerpo de seguridad civil y profesionalizado, que cumpla eficazmente sus funciones de prevención y control del delito y la violencia, capacitado en tareas de investigación e inteligencia policial sin hacerlo a costa de los derechos humanos de la población.

Es necesario empezar a discutir cómo se puede regular de manera óptima la utilización de los instrumentos militares del Estado por parte del Ejecutivo federal. Eso facilitará brindar justicia a las víctimas de crímenes cometidos por personal militar, evitará el desgaste innecesario de nuestros cuerpos militares, y al mismo tiempo, conservará su aprobación.

Casi 4000 fueron asesinadas el año pasado en México; una de cada cuatro fue víctima de feminicidio. Las mujeres no sólo enfrentan riesgo de asesinato. De acuerdo con el Inegi, en 2021, 70 % las mujeres en México señalaron haber experimentado, al menos, un incidente de violencia en su vida.

Durante las últimas décadas, se han llevado a cabo varios procesos que inciden en la realidad de la seguridad ciudadana. Es importante discutirlos para entender la mutación que se está teniendo al interior de las fuerzas militares y de policía, y su rol preponderante en las sociedades democráticas.