¿Deberían otros países seguir los pasos de El Salvador? No, mientras no aseguren que las personas en prisión sean las correctas y que sus condiciones sean razonables. No, si no podemos garantizar que se busca una reducción de la violencia en el largo plazo. No, mientras las condiciones para que se generen pandillas y cárteles no cambien. Y no mientras la fuerza extrema del Estado se pueda utilizar para silenciar a periodistas, opositores y activistas.

Los “Guacamaya Leaks” revelaron que las personas militares sufren de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y depresión. La Secretaría de Marina atendió a 192 pacientes de salud mental en 2021, mientras que 237 integrantes de la Sedena murieron por suicidio entre 2016 y 2022. Ambas secretarías cuentan con 34 especialistas y en los últimos 30 años, la Sedena realizó sólo dos estudios sobre la salud mental militar.

La abrumadora mayoría de los registrados estaban empleados antes de ser víctimas de homicidio o estar presos por homicidio. La imagen de los ninis como perpetradores de violencia no se sostiene. Efectivamente, hay un grupo de desempleados en víctimas por homicidio, pero no la mayoría, y no sabemos su ocupación porque no estaban afiliados a ningún esquema de seguridad social.

Es posible que los mercados, locales y plazas comerciales sean nodos que generan oportunidades de extorsión e incendios provocados. En la zona central de la ciudad existe un flujo importante de actividad comercial y de dinero en efectivo entre consumidores y vendedores. En estas áreas, los locatarios pueden ser susceptibles de ambos crímenes por dos razones.

El 1 de octubre de 2024, la nueva titular de la Presidencia deberá tener claro con qué institución de seguridad pública llevará a cabo la urgente tarea de reducir la violencia. A partir de la revisión a los anexos de plazas de la administración pública federal para el periodo 2017-2024, este texto analiza dos potenciales escenarios.