Caminos de Michoacán sin rumbo

Un lugar suspendido en el aire

La violencia derivada de la disputa territorial de los carteles de la droga en México impone sus dinámicas en muchas regiones o poblaciones y las hace visibles a los ojos del centro del país al transformarse en escenarios violentos. El último domingo de febrero tocó el turno al municipio de Marcos Castellanos (San José de Gracia),¹ en Michoacán.

En los últimos tres lustros, el incremento de la letalidad criminal convirtió regiones de esta entidad en campos de guerra. Tan sólo en el gobierno de Silvano Aureoles (2015-2021) la tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 000 habitantes pasó de 20.5 a 56.2,² lo que mantuvo a Michoacán entre los cinco estados más violentos del país. Por su parte, tan sólo en lo que va de 2022 se han registrado 480 homicidios dolosos. En esta vorágine violenta, muchas poblaciones, como Marcos Castellanos, dejaron de ser parajes apacibles para convertirse en escenarios del horror y el dolor colectivo. A este pequeño cosmos, en la década de los sesenta, el historiador Luis González y González lo describió en Pueblo en vilo como un lugar de tradición ranchera, “un lugar suspendido en el aire”, “expectante”, que parece que se ha “detenido en el tiempo”, donde “no pasa nada”, “en espera siempre de definir su rumbo” y que dependía de sí mismo.³ Está ubicado al extremo norte de la Tierra Caliente, epicentro de la violencia en la entidad. Es un pueblo de poco más de 13 000 habitantes, distribuidos en 31 comunidades, con una extensión que sólo alcanza el 0.4 % de la superficie estatal. Forma parte de la región de La Ciénega de Chapala, en los límites con Jalisco donde se conecta con los “pueblos mágicos” de Jiquilpan, en Michoacán y Mazamitla, en Jalisco.

Aquel domingo 27 de febrero se perpetró el asesinato en la vía pública de, presumiblemente, más una decena de personas a escasos metros de la plaza central. Los cadáveres habrían sido recogidos por los agresores. Una muestra más de la angustia cotidiana que viven, en el anonimato, muchas regiones del país a causa del desbordamiento de la violencia criminal, de la ineficacia y debilidad de los gobiernos para contenerla o, incluso, desarticularla.

Aunque las hipótesis oficiales sostienen que la masacre se derivó de un enfrentamiento entre dos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —o “de las cuatro letras”, como se refieren los pobladores para hacer alusión a este grupo para evitar mencionarlo por su nombre—, subyacen hechos que muestran el control hegemónico de estas necromáquinas del crimen convertidas en un “dispositivo de muerte que avanza engullendo territorios, cuerpos y futuros”.⁴ Una realidad que puede tomar, sin oportunidad de ejercer ninguna resistencia, por asalto, o paralizar, a un pueblo en plena luz del día.

Ante lo ocurrido, no debe soslayarse la inercia perversa de los medios de comunicación y de usuarios de las redes sociales para convertir un hecho sangriento en un espectáculo, haciendo un “uso promiscuo y descontextualizado que tiene como consecuencia la banalización de los hechos y del sufrimiento social que les acompaña”.⁵ Esta exposición de escenas e historias de horror que alimentan el terror cotidiano dan forma a la llamada “pornografía de la violencia”.⁶

Ilustración: Estelí Meza

Desvelos fronterizos

Es urgente repensar las condiciones que enfrentan poblaciones como Marcos Castellanos, alejadas de la capital, en los márgenes fronterizos de estados convulsionados por un sistema de cogobiernos, en los que la cotidianidad desdibuja los límites entre la legalidad, la ilegalidad y la justicia. Son varias las comunidades en estado de luto permanente, a las que se les arrebata incluso el derecho de velar a sus muertos. El agravio colectivo y la muestra de poder que implican un asesinato múltiple en un velorio, y la desaparición de los cuerpos de las víctimas, es la gramática de la violencia “que va más allá de quitar una vida, es una violencia que no se contenta con matar”, sino de fragilizar al límite la condición humana.⁷

Repentinamente, la vida del pueblo fue tomada; primero, por una cuarentena de sicarios y después, por policías y militares, cuya incursión posterior al crimen (tardía) constituye una nueva toma, ahora del Estado. Las escuelas cerradas, calles y plazas vacías configuran la fisonomía de un pueblo enlutado que reza y se esconde a esperar a que “las aguas bajen”. Un pueblo que paulatinamente fue cediendo frente a los nuevos órdenes criminales, constituidos en factores de poder que ahora condicionan la vida cotidiana y fungen como un recurso económico y político que beneficia a un sector y perjudica a otro.

Como en muchas otras regiones del país, en Marcos Castellanos la configuración de estos órdenes mantiene su poder mediante el uso cotidiano de la violencia. Los basamentos de la moral comunitaria (las costumbres asociadas a la convivencia donde se asientan las ideas del bien y del mal) ceden al control de su territorio. La familia, uno de los últimos hilos de este tejido, se rompe. Se fracturan las relaciones de reciprocidad que sostienen la comunidad, se debilitan los lazos entre sus miembros, dando lugar a nuevos mecanismos de mediación, compensación e intercambio, que son ocupados por los grupos ilegales.⁸

Atestiguamos la ruptura parcial de la cohesión comunitaria, donde la autoridad cogobierna con los grupos ilegales. Esto ha facilitado la tolerancia hacia y forzado la participación en las actividades de los cárteles de una amplia base social, ávida de reconocimiento social, que encuentra en este orden criminal los satisfactores de realización personal negados por el orden legalmente establecido. Los basamentos comunitarios e historia de los pueblos se desdibujan; se imponen valores y prácticas de la cultura violenta y de la ilegalidad, donde la pertenencia a un grupo tiende a constituirse en un referente aspiracional para las nuevas generaciones. Frente a estos órdenes criminales, contrario a lo que don Luis González vislumbraba, San José de Gracia, difícilmente podrá definir su futuro porque ya no depende de sí mismo.

Claudia Alarcón
Candidata a doctora por la Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, con una investigación sobre emociones morales en jóvenes que han cometido homicidio y habitan los espacios carcelarios. Miembro de la Red de Estudios de Espacios Carcelarios de El Colegio de Michoacán y del grupo de trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, AJUVID-FLAD.

¹ El municipio recibe este nombre en 1967 en honor a un sacerdote que se levantó en armas contra los Realistas. San José de Gracia es el nombre dado a la cabecera municipal en 1981. En Rivera, H. M., Obregón, V. N. y Ayala, M. M., Diagnóstico de la condición y posición de género en el Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, México. Marcos Castellanos, Michoacán, México, 2013.

² Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

³ González y González, L. Pueblo en vilo: Microhistoria de San José de Gracia, El Colegio de México, México, 1968.

⁴ Reguillo, R. Necromáquina. Cuando morir no es suficiente, ITESO, México, 2021.

⁵ Ferrándiz, F. “La etnografía como campo de minas: De las violencias cotidianas a los paisajes posbélicos”, en M. Bullen y C. Díez (coords.), Retos teóricos y nuevas prácticas, Ankulegi, pp. 89-115, 2008.

⁶ Bourgois, P. En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem, Siglo XXI Editores, 2010.

⁷ Cavarero, A. Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea, Anthropos, Argentina, 2009.

⁸ Lomnitz, C. “El tejido roto”, nexos, abril de 2021.