Aunque casi han pasado dos años desde que la administración federal cambió de manos, todo parece indicar que la política de drogas dictada por el Ejecutivo y aplicada por las Fuerzas Armadas permanece inmutable, a pesar de los numerosos cuestionamientos sobre su eficacia y justificación. En particular, la erradicación de cultivos ilícitos sigue materializando la doctrina de un Estado que afirma su presencia con botas y helicópteros en algunas de las regiones más marginadas del país.

Nuestro análisis de la violencia letal a nivel local, sin embargo, se enfrenta a los límites actuales del registro de la incidencia delictiva en México. A nivel municipal, el registro de carpetas de investigación iniciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) carece de información sobre el número de víctimas que contienen.