En vez de apelar al marco excepcional de protección que brinda el derecho internacional humanitario en situaciones de guerra, la prioridad debería ser recuperar la noción de lo público en los asuntos de gobierno, incluyendo la seguridad, y promover distintas formas de responsabilidad (activas y pasivas) para hacer frente a las dinámicas de violencia y de cooptación institucional.

Que el umbral derivado del derecho internacional para calificar una situación como un conflicto armado no internacional sea alto corresponde a un principio básico, pero cada vez más olvidado: el Estado es responsable activa y pasivamente por el respeto, la protección y la garantía de los derechos de quienes estén bajo su jurisdicción.