Tras una década de acompañar y evaluar políticas en materia de seguridad y justicia, en particular la de 2008 en la que nos propusimos dejar atrás un sistema penal inquisitivo, hoy tenemos claridad sobre las piezas que faltaron y todos los tornillos que no ajustamos entonces. El resultado está a la vista y es un país que no es seguro para mujeres y niñas. Lo mismo para los jóvenes. En realidad, no es un lugar seguro para nadie.

A nivel nacional, sólo una de cada 10 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de todo el país —con y sin sentencia— fueron arrestadas como resultado de una orden de aprehensión. ¿Qué nos dice este dato? Como para obtener una orden judicial en este sentido es necesario presentar al juez datos de prueba que acrediten que se cometió un hecho delictivo…