Presentamos un conjunto de reflexiones enfocadas en cinco temas de seguridad que, consideramos, deben mantenerse al centro de los cuestionamientos a las candidatas y el candidato.

El 1 de octubre de 2024, la nueva titular de la Presidencia deberá tener claro con qué institución de seguridad pública llevará a cabo la urgente tarea de reducir la violencia. A partir de la revisión a los anexos de plazas de la administración pública federal para el periodo 2017-2024, este texto analiza dos potenciales escenarios.

No hay ni habrá fuerza policial o militar que baste, porque en un Estado democrático ninguna de estas instituciones sustituye a la procuración e impartición de justicia como vía para la paz. Esto requiere de un plan a mediano y largo plazo de refundación de nuestro sistema de seguridad y justicia con un liderazgo federal, pero que recupere y aterrice en las diversas realidades de nuestro país.

El presidente López Obrador ya anunció su intención de integrar formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Conviene anticipar los escenarios por los que podrían transitar las modificaciones, así como cuáles serían sus implicaciones.

Contra lo que pudiera pensarse, la coyuntura por el Covid-19 abre una oportunidad para trabajar en torno a los mecanismos de legitimidad policial y facilitar, con ello, la cooperación con las medidas de prevención: que en sus patrullajes y recorridos de vigilancia, las y los agentes de policía comuniquen de manera respetuosa y clara las medidas de prevención emitidas por el sector salud.

Cuando hablamos de la policía en México, el concepto debilidad institucional está presente en casi cualquier diagnóstico (igual que en los de procuración de justicia). Y aunque se refiere a aspectos específicos —medibles— clave mejorar estas instituciones y sus resultados, parece ser que en la discusión pública vigente no ahondamos lo suficiente en ellos