La erradicación de cultivos no es una política integral de drogas, plantea objetivos inalcanzables como la supresión de la oferta y, sobre todo, afecta a las comunidades que viven de estos cultivos.

Nuestro texto constitucional es claro en que las instituciones de seguridad deberán ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté estrictamente relacionada con la disciplina militar.