La recién publicada Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) implica un retroceso en la garantía de los derechos humanos que debe preocuparnos. Problemas serios tanto en su diseño, como en su estructura, fundamentos y organización impiden que cumpla con su objetivo.

Con la aprobación de las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, empiezan las negociaciones para las leyes secundarias, una de ellas la de uso de la fuerza. Hasta el momento de escribir estas líneas la única propuesta sobre la mesa es la del senador Miguel Ángel Mancera, que, en esencia, es un resumen de las siete leyes estatales.

Existe un desconocimiento generalizado, tanto jurídico como táctico, de las capacidades técnicas de los dispositivos para control de disturbios agrupados bajo el concepto “no letal”, pese a su capacidad latente para causar la muerte.