La iniciativa que propone modificar el artículo 19 de la Constitución para aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no logrará lo que promete. A pesar de que los legisladores que han impulsado la modificación aducen que la expansión del catálogo es crucial para combatir la inseguridad en el país, carecen de evidencia para respaldar sus argumentos. Esto queda claro al leer la exposición de motivos de la propuesta.

Las instituciones de seguridad y justicia del país tienen ante sí una clara disyuntiva: la posibilidad de realizar un proceso serio de evaluación de resultados para rescatar acciones valiosas y apostar por estrategias innovadoras que corrijan los errores del pasado, o repetir sin cuestionar las estrategias recurrentes que han dado resultados magros.