¿Podemos conocer las causas externas de las defunciones catalogadas como Eventos de Intención no Determinada? Sí, al cotejar las bases de datos entre Inegi y FGJ. El gobierno de la CDMX puede y debe realizar un esfuerzo de trazabilidad de cada caso para asegurar que no haya homicidios dolosos catalogados como EIND.

A pesar del activismo de la Cancillería, otras áreas del gobierno mexicano no parecen entender la relevancia del tema. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos de las más relevantes, han sido particularmente esquivas, puesto que no sólo no cooperan con los esfuerzos de la Cancillería, sino que laceran los intentos por generar una política coherente en torno a las armas.

Hay un elefante en la habitación en la discusión sobre violencia en México: los heridos con arma de fuego. Esto es, el conjunto de personas que sobreviven a un impacto de bala, pero que, en la mayoría de los casos, guardan secuelas físicas y mentales que les imposibilitan llevar una vida normal.

La Comisión para la Verdad y la Justicia 1965-1990 es el último y más acabado esfuerzo por avanzar hacia el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el periodo conocido como la “guerra sucia”, así como en la búsqueda de justicia y reparación. No es, sin embargo, el único; es parte de una larga travesía de experiencias y esfuerzos que datan de hace más de treinta años.

El fracaso legal de la demanda ante la Corte de Massachussets no debería, sin embargo, oscurecer los méritos políticos de la demanda. En este caso México está dispuesto a perder para ganar.

La crisis económica y la sanitaria propiciadas por el covid-19 han provocado un cambio en los mercados. El mercado de drogas ilegales no es la excepción. El efecto a largo plazo dista de poder dimensionarse totalmente pues la pandemia aún no termina; además, esta situación no es comparable con crisis anteriores.