Es paradójico el reconocimiento del gobierno de sus deudas con las víctimas de un sistema de justicia desigual, mientras que a la par se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Resulta desconcertante una medida como ésta, a la luz una narrativa que considera que el encarcelamiento de imputados es la estrategia idónea para la disminución de la incidencia delictiva.