Acceso a la justicia cotidiana en México

La situación a la que México enfrenta como resultado de la epidemia COVID-19 está marcada no solo por la crisis de salud, sino también por una crisis económica, social y política que generará repercusiones en las vidas de millones de personas. Organizaciones internacionales y especialistas en temas de justicia reafirman el importante papel que tendrá el acceso a la justicia tanto en la etapa de contención como de recuperación. También, señalan que las poblaciones vulnerables, como las mujeres y las comunidades marginadas, serán las más afectadas.¹

México no será la excepción, e incluso se puede argumentar que se encuentra con una mayor vulnerabilidad dadas las capacidades actuales para atender los problemas legales de los ciudadanos, además que las consecuencias negativas de esta crisis podrían profundizarse en las poblaciones más vulnerables.

Así como las autoridades utilizan datos económicos y de salud para tomar decisiones informadas, en los temas de justicia también es necesario hacerlo y la última encuesta sobre Estado de Derecho en México del World Justice Project, que se aplicó cara a cara a más de 25 mil personas entre mayo y julio de 2019, es una herramienta útil en este sentido.

Entre otros aspectos, la encuesta aborda los problemas que enfrenta la población mayor de 18 años en las 32 entidades del país en términos de acceso a la justicia cotidiana, la cual resuelve los conflictos que se generan en la convivencia diaria de las personas. En específico, el cuestionario incluye preguntas sobre qué tipo de problemas con posibles consecuencias legales experimentaron las personas en los últimos dos años, cómo buscaron solucionarlos, si lograron hacerlo y qué impacto tuvieron en sus vidas.

Ilustración: Víctor Solís

La alta prevalencia de los problemas legales y los impactos que generan

Los datos sostienen que los problemas de justicia cotidiana se presentan en todo el país y que tienen mayores impactos en la vida de las personas con menor nivel socioeconómico. La mitad de los encuestados experimentó al menos un problema de justicia cotidiana en los dos años previos desde el momento de responder la encuesta y que 40 % de estos casos reportaron algún impacto en sus vidas como consecuencia, ya sea en su salud, relaciones personales, economía o trabajo. Sin embargo, mientras para unos grupos un mismo problema no pasa a mayores, para otros puede tener consecuencias.

La encuesta del WJP hace posible identificar el nivel socioeconómico de quienes la respondieron por medio de la escala creada por la AMAI,² donde E es el sector con menor nivel y AB es el de mayor nivel socioeconómico.³ Con esta segmentación se identifica que los impactos provocados por estos problemas son más prevalentes para la población con menor nivel socioeconómico.

Sobre la forma de solucionar los problemas

Del total de personas que tuvo un problema, una de cada cinco contó con la mediación de un tercero para resolver su problema. Sin embargo, las razones para no buscar la intervención de otra persona o la autoridad también varían dependiendo del nivel socioeconómico. Las barreras de acceso, como costo, tiempo o desconocimiento, afectan a un mayor porcentaje de la población con menor nivel de ingreso. En contraste, las personas de niveles socioeconómicos más altos declaran no haber buscado mediación por considerar que no era importante o que el problema era fácil de resolver.

Violencia doméstica y problemas laborales: dos focos rojos

En el contexto de la pandemia, de todos los problemas que podrían verse exacerbados, dos merecen ser analizados con detalle para México. El primero es la violencia doméstica que afecta predominantemente a las mujeres. Ante el aumento alarmante en varios países durante la crisis, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido llamados de alerta. De hecho, la organización alertó sobre un aumento en la violencia doméstica en México y las cifras disponibles de llamadas de emergencia por violencia familiar confirman esta tendencia.

La encuesta del WJP revela que, en México, nueve % de las mujeres que reportó algún problema de justicia cotidiana en la encuesta también declaró que la persona con la que tuvo la disputa o alguien más recurrió a algún tipo de violencia física. Es probable que un aumento en la cantidad de problemas de justicia cotidiana también incremente la cantidad de personas que experimentan violencia en su proceso de resolución.

Otro problema que podría conllevar grandes implicaciones en temas de acceso a la justicia son los de tipo laboral. Algunas empresas, ante la falta de recursos para operar, han optado por despedir a gran cantidad de sus empleados, y otras, para permanecer abiertas, los han expuesto al contagio sin las protecciones necesarias. De acuerdo con cifras del Institutio Mexicano del Seguro Social, solamente durante marzo, abril y mayo de 2020 se perdieron más de un millón empleos formales.

De acuerdo con la encuesta del WJP, 70 % de las y los mexicanos que tuvo algún conflicto en materia de trabajo en los últimos dos años tuvo algún impacto negativo en su vida. De ellas y ellos, poco menos de la mitad buscó algún tipo de asesoría o ayuda para solucionarlo. De quienes no la buscaron, 17 % argumentó que no lo hizo debido a barreras de acceso como desconocimiento, altos costos, mucho tiempo o lejanía del asesor. 7 % mencionó que teme buscar asistencia.

Además, según la encuesta, alrededor de una de cada cuatro personas buscó algún tipo de mediación o intervención de una autoridad en materia laboral, sin embargo, el proceso resultó en gastos difíciles o prácticamente imposibles de cubrir para 21 %. Esta situación podría agudizarse después de la profunda crisis económica, por lo que las autoridades deben preverlo y ayudar a millones de mexicanos a tener una resolución adecuada y justa.

¿Qué se puede hacer?

Ante los aumentos en este tipo de problemas, las instituciones tendrán que diseñar políticas de acceso a la justicia puntuales con un enfoque especial en las poblaciones vulnerables. El reto no es menor. Sin embargo esta crisis puede servir para dar los primeros pasos hacia un sistema de justicia con énfasis en la equidad que deje a nadie atrás. Dado que la confianza en las autoridades juega un papel tan relevante para responder adecuadamente a la crisis, políticas adecuadas en este sentido podrían impulsar la legitimidad del Estado y ayudar a la construcción de instituciones de justicia legítimas, así como capaces de atraer y solucionar los problemas que la gente enfrenta en su vida cotidiana.

Jorge A. Morales Alfaro
Investigador de temas de Estado de Derecho y Acceso a la Justicia.

Mario Rodríguez Vigueras
Investigador de Estado de Derecho en México, ambos en el World Justice Project.

¹ Justice for all and the public health emergency, disponible aquí.

² El Nivel Socioeconómico (NSE) es la norma desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI), una asociación profesional enfocada al sector de inteligencia aplicada a negocios y asuntos sociales. Para más información consultar aquí.

³ El World Justice Project creó el indicador de NSE siguiendo los parámetros establecidos por la AMAI, basados en nivel educativo del jefe del hogar, características de la vivienda entre otras variables. Para más detalles ver aquí.