El estado de excepción es un recurso jurídico que le confiere al soberano la facultad de suspender la ley en aras de su conservación. Incluido en la mayoría de los aparatos legales de Iberoamérica, su objetivo resulta relativamente fácil de sintetizar: en tiempos de crisis aguda, ante la densa sombra de una amenaza que se yergue en el horizonte —invasión extranjera, sedición interna, desastre natural o algún fenómeno semejante—, pretende salvaguardar el orden institucional a cualquier costa, sin importar la violencia que el Estado ejerza en contra de sus ciudadanos.

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mayo 29, 2017

Los buenos, los malos y la inseguridad en México

Hay ciertas ideas que, a pesar de enfrentarse contra los argumentos más sólidos, parecen nunca irse. Algunas de ellas son prácticamente irrelevantes, como la creencia de que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Sin embargo, hay otras que tienen consecuencias negativas, observables y medibles. Una de ellas es la visión maniquea que se tiene sobre la delincuencia en México. Claramente es imposible relativizar la gravedad de un secuestro o un homicidio. El problema es que esta visión no se limita a condenar la moralidad de cometer delitos, sino que pretende además adjudicarse la verdad última sobre cada una de las personas involucradas en los hechos delictivos y los procesos penales.

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mayo 22, 2017

Seguridad interior: el horror no es un mito

El pasado 15 de mayo, en este blog, se publicó el texto “Mitología de la seguridad interior”, en el cual el autor pretendió demostrar que el debate sobre la aprobación de una ley de seguridad interior está instalado en el “mito atractivo y poderoso” de la ausencia legal de facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en labores de seguridad pública, omitiendo dos elementos fundamentales que –cuesta arriba- hemos intentado posicionar quienes nos oponemos al golpe autoritario que significaría la aprobación de una ley de seguridad interior: la Constitución y la realidad.

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mayo 15, 2017

Mitología de la seguridad interior

El mito más peligroso en torno a la seguridad interior, y ciertamente el más popular, sin importar en qué lado del debate se ubique uno, es que el Ejército y la Marina se encargan de asuntos de seguridad pública porque “las policías” no tienen la capacidad para hacerse cargo de sus responsabilidades. Esto es, se asume erróneamente y sin mayor examen, que todas las actividades del Ejército y la Marina que están conectadas en alguna forma con la seguridad pública son estricta competencia de las autoridades civiles y le son por completo ajenas a las Fuerzas Armadas. Y se asume también, en consecuencia, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es coyuntural y forzada por las circunstancias, susceptible de terminarse en un momento no definido del futuro en que, presumiblemente, las policías contarán con las capacidades de las que carecen ahora.

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El populismo punitivo se refiere a una estrategia que da prioridad a objetivos político-electorales sobre la reducción del crimen. Uno de los ejemplos más llamativos es la política represiva contra las pandillas que los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) han implementado desde el 2002. El enfoque punitivo hacia la delincuencia es de larga data e incluye la adopción de leyes más severas y la participación del ejército en tareas de seguridad pública. En El Salvador, por ejemplo, las Fuerzas Armadas empezaron a apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en 1993, supuestamente porque este nuevo cuerpo policial no estaba preparado para enfrentar la ola delincuencial de la posguerra. Si bien el despliegue militar no ha hecho más que crear una ilusión de seguridad, la intervención militar se ha prolongado por tiempo indefinido y parece haber eliminado cualquier incentivo para profundizar la reforma policial.

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enero 30, 2017

Seguridad interior: otro dilema del 2017

El 10 de enero de 2017 iniciaron los debates en el Congreso sobre la regulación del uso de la fuerza en el país o lo que se ha denominado como “debate sobre la Ley de Seguridad Interior”. ¿Qué instituciones y quién les debe dar la orden de acción? ¿Sobre qué leyes? ¿Quién cuenta con capacidades y para qué contingencias? Estos son los temas que se debatirán a raíz de los llamados a la acción legislativa por parte del general Salvador Cienfuegos debido a que: los legisladores no han establecido en la ley los límites que debe observar el ejército en operaciones de seguridad; no hay respaldo presupuestal para las fuerzas armadas; el nuevo sistema de justicia penal no opera como debería; las policías no hacen el trabajo para el que se les paga y los estados no han reformado sus policías en los últimos 10 años.1 

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