septiembre 4, 2017

México, enfermo crónico de violencia homicida

El sexenio de Enrique Peña Nieto comienza su último año sin saber qué hacer con el homicidio vinculado a delitos federales, como si fuera un problema que se arreglará por sí solo.

En su mensaje por el Quinto Informe de Gobierno, el presidente dejó ver que la investigación y resolución del homicidio presuntamente relacionado con la delincuencia organizada en México es un área gris, responsabilidad de nadie. Ante un escenario en el que simplemente no podía salir bien librado –como tampoco las autoridades de los otros niveles de gobierno– optó por sacar un truco del sombrero de mago.

Peña afirmó que “Hoy, una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de los estados y municipios”. El primer problema es que el Presidente utilizó información –generada por el CISEN– que no es pública y que resulta de una presunción, porque la categoría no se basa en la resolución de un juez. Seguramente por eso esta información no aparece en el anexo estadístico del Quinto informe.

El segundo problema es que de su declaración se desprende que aquellos homicidios relacionados con el crimen organizado son, usando sus palabras, “responsabilidad” de la federación. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no los atrae. ¿A qué se refiere entonces el Presidente Peña cuando habla de responsabilidad? La PGR ha iniciado un total de 107 investigaciones1 por el delito de homicidio de diciembre de 2012 a junio de 2017 de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información pública.2 La cifra alcanza apenas uno por ciento de las averiguaciones previas iniciadas  por homicidio doloso en el mismo periodo a nivel nacional, y no necesariamente están relacionados con el crimen organizado.

La lógica es la siguiente: alguien que se presume relacionado con el narcotráfico y anexos no merece la atención del Estado para llevar ante la justicia a los responsables de su homicidio. Esta decisión política transexenal de facto ha abaratado el homicidio a los niveles que vemos hoy. Matar es gratis si el Estado considera a la víctima una no-víctima; un ciudadano de tercera.

Esta área gris de responsabilidad permea en todos los niveles de gobierno. Incluso Evodio Velázquez, alcalde de una de las ciudades más violentas del país en los últimos años, Acapulco, Guerrero, ha declarado que le corresponde a la federación investigar estos asesinatos. En otras palabras, que a él no lo molesten con este tema. Y si bien los municipios no tienen atribuciones para investigar delitos, sí pueden implementar acciones para atender las causas de raíz de este delito.

El problema de que esta sea una mentalidad ampliamente difundida es que el enfermo crónico de violencia homicida llamado México superará este año a 2011, el que había sido el más mortífero de nuestra más reciente crisis de seguridad. Y todo esto ocurrirá sin que una sola autoridad de cualquier nivel de gobierno haya desarrollado en todo este tiempo una estrategia contra el homicidio por vías que no se limiten a la reacción policial. Como un enfermo en crisis que miran de reojo los médicos de turno, sin que sepan a cuál de ellos le toca atenderlo.

Pero el gobierno federal anunció en agosto de 2016 una “Estrategia integral de atención prioritaria a municipios que concentran el mayor número de homicidios dolosos”, se dirá. Esa película, sin embargo, ya la vimos por años. Es prácticamente imposible reducir el homicidio de manera sostenible únicamente mediante el despliegue de fuerzas policiales federales para la reacción, aún en coordinación con las estatales, y estas fueron las únicas acciones inmediatas de la estrategia.

Como si fuera momento de llevárselo con calma, las llamadas acciones “progresivas” de la estrategia fueron las de prevención y las de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Como no existe hasta el momento un reporte de éstas acciones implementadas específicamente para controlar y reducir el homicidio, no hay elementos para pensar que las acciones “progresivas” se han llevado a cabo.

La reforma de seguridad pública, que toca el tema de desarrollo y certificación de capacidades policiales estatales y municipales, está desde 2016 congelada en la Cámara de Diputados. Si creemos que la policía le ha fallado al país, en los hechos, la clase política no se cansa de fallarle a las policías y con ello, a toda la población afectada por la inseguridad.

Aunque el presidente responsabilizó, acertadamente, en su Informe de Gobierno a los gobiernos locales de atender una parte de la violencia, su demanda se desvirtúa cuando no recurre al mismo ímpetu para definir al responsable de atender aquellos vinculados a delitos federales. Si Peña no lo tiene claro, ¿quién sí en los estados y municipios?

Un México donde se mata sin consecuencias no es un México en paz.

 

Lilian Chapa Koloffon es editora de este blog. Especialista en políticas de seguridad y prevención del delito.


1 Total de averiguaciones previas del sistema de justicia anterior y carpetas de investigación del nuevo.

2 Folio 0001700215317.

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julio 31, 2017

Radiografía de los narcobloqueos en México

Los bloqueos a vialidades en Tláhuac por parte de miembros del crimen organizado, –los primeros de este tipo en la Ciudad de México– tras el abatimiento del presunto líder del cártel que lleva el nombre de dicha delegación, encendieron al menos tres alertas que no debemos ignorar: que ninguna entidad de este país es inmune a los “narcobloqueos”; que las corporaciones de seguridad no están preparadas para enfrentar estas situaciones y, por último, que hemos estudiado muy poco este fenómeno.

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julio 10, 2017

México impune (primera de dos partes)

No resulta aventurado afirmar que en México las instituciones de impartición y procuración de justicia tienen una gran deuda con la sociedad. Los altos niveles de corrupción que dieron vida e impulso al régimen revolucionario y que hoy en día, en lo que algunos consideran el periodo de transición democrática continúan expandiéndose, han imposibilitado en gran medida la conformación de instituciones sólidas que respondan a los intereses de los ciudadanos, tema del cual nos habremos de ocupar en este artículo.

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mayo 22, 2017

Seguridad interior: el horror no es un mito

El pasado 15 de mayo, en este blog, se publicó el texto “Mitología de la seguridad interior”, en el cual el autor pretendió demostrar que el debate sobre la aprobación de una ley de seguridad interior está instalado en el “mito atractivo y poderoso” de la ausencia legal de facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en labores de seguridad pública, omitiendo dos elementos fundamentales que –cuesta arriba- hemos intentado posicionar quienes nos oponemos al golpe autoritario que significaría la aprobación de una ley de seguridad interior: la Constitución y la realidad.

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La libertad de expresión1 es indispensable para la formación de opinión pública, sienta las bases de una ciudadanía informada, y, por tanto, es piedra angular para una sociedad democrática. Es posible afirmar que una sociedad que no está informada no es plenamente libre.2 En este sentido, el periodista es un actor clave para la democracia, en algunos casos incluso forjador de la misma, en tanto que desahoga información en la arena pública para alimentar la deliberación política.

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Hace poco más de tres meses el país despertó con la noticia trágica de una balacera al interior del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León. Un joven de 15 años baleó a su maestra y a tres compañeros, para luego dispararse en la cabeza. Una tragedia que no se había visto en México. De inmediato, las autoridades prometieron establecer medidas firmes para evitar hechos similares. Varios gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunciaron medidas para reforzar la seguridad en las escuelas públicas y privadas del país. Dentro de ellas, la más visible fue el restablecimiento del programa Mochila Segura, mediante el cual se revisan las mochilas de los estudiantes en los planteles escolares para evitar que porten armas o droga. En la misma línea, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó tanto al secretario de Educación como al de Gobernación para revisar los protocolos existentes con el fin de inhibir que los estudiantes puedan llevar armas a sus escuelas. Dos días después, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció la construcción de cuatro Colegios Bachilleres Militarizados, bajo la justificación de que se debe dejar de evadir el problema y lo que se necesita es alejar a los jóvenes de la tentación de las drogas, darles oportunidades pero poniéndoles disciplina y así lograr “que no haya mamás alcahuetas, que no haya papás tampoco alcahuetes, que tengamos que acabar con eso”.

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