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Desarrollar el conocimiento y el análisis de la violencia a nivel local no implica producir dos mil 446 diagnósticos en toda la República, sino identificar regiones, tendencias y problemáticas a fin de diseñar estrategias focalizadas.

Las estrategias de seguridad pública se deben apoyar en diagnósticos municipales precisos, que puedan ser transformados en lineamientos políticos, administrativos, legislativos y operativos claros. Estos deben actualizarse a lo largo del gobierno en turno, bajo la forma de un monitoreo constante que permita adaptar la estrategia a los cambios, errores y buenas prácticas reportados.

Ilustración: Estelí Meza

Los primeros datos claves son las estadísticas de los 50 municipios más violentos del país. Esta lista es doblemente importante. Primero, porque el Gobierno federal lanzó, en 2016, una estrategia de combate al crimen enfocado en estos sitios. Segundo, porque la lista muestra constantes y cambios, ambas dinámicas siendo fundamentales para nuestro análisis.

Empecemos por las constantes: tanto en 2016 como en 2017, los 50 municipios más mortíferos – basándonos en las cifras de homicidios dolosos del SESNSP – concentraron 42% del total de este tipo de violencia a nivel nacional. La proporción no ha variado ni de un punto.

Por otra parte, en el mismo periodo, 42 de los 50 municipios han repetido su presencia en la lista. Los que aparecen en 2017 son, por orden de “violencia”: Los Cabos (BC Sur), Tepic (Nayarit), Ensenada (BC Norte), Reynosa (Tamaulipas), Tonalá (Jalisco), Navolato (Sinaloa), Uruapan (Michoacán) y Álvaro Obregón (Ciudad de México).

La constancia no es siempre una virtud. En este caso, los 50 municipios más violentos presentan un aumento de homicidios dolosos de 19 por ciento entre 2016 y 2017, justo por debajo de la cifra nacional – que aumentó 23 por ciento esos años. El municipio más violento en 2017, Tijuana, con mil 618 carpetas de investigación, presentó un aumento de 85 por ciento respecto al año anterior y de 76% respecto al municipio más violento del país en 2016: Acapulco.

Ahora bien, después de esta lista, que podría ser aún más larga y fastidiosa, ¿qué sabemos?

Bastante poco. Lo que nos dicen estos datos – importantísimos, sin duda – es que Colima es un estado muy violento, así como Baja California, Chihuahua, Guerrero o Nayarit. Nos enseñan que la mayoría de los municipios más violentos siguen siéndolo, con la gran excepción de los colimenses.

Entonces, partiendo de los datos de los “50 municipios más violentos del país”, el objetivo debe ser, primero, acercarse y producir conocimientos empíricos solidos sobre estos municipios, así como en los que los rodean y que no aparecen en la lista por la opacidad de las cifras. Es fundamental implementar una estrategia de investigación y de diagnóstico en estos municipios, para producir líneas bases y comparaciones entre ellos, las cuales servirán desde luego para diseñar padrones de las dinámicas de violencia(s) que se observan en estos territorios. El mismo acercamiento se debería intentar en los municipios en los cuales se han notado bajas importantes de las cifras de violencia.

Segundo, al realizar esto de manera coordinada, los tres niveles de gobierno deben ser capaces de detectar ciertas problemáticas de violencia quizás antes de que se convirtiera en una crisis. Esto permitiría a la vez promocionar y reconocer el papel de los gobiernos locales, así como de las iniciativas llevadas por organizaciones civiles y/o comunitarias, y darles la posibilidad de contribuir al diseño de la estrategia de seguridad que se implementaría en su territorio. Además de favorecer una relación de confianza entre los niveles de gobierno y la sociedad civil, podría evitar derroches de presupuesto y fracasos en el desarrollo de operativos federales, por ejemplo.

Construir una estrategia de seguridad pública a partir del eje local

Basado en estos diagnósticos, y en contraste con lo que se viene proponiendo hasta ahora con el mando único, la presencia municipal de fuerzas públicas de proximidad, conocedoras de las problemáticas locales, son imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad.1

Como lo mencionamos en la entrega anterior, pocas veces las fuerzas estatales —y casi nunca las fuerzas federales— conocen realmente el terreno, la gente y las problemáticas sociales que producen la violencia a nivel local. La lógica de articular las tareas de seguridad pública entre los tres niveles de gobierno tiene tanto que ver con la necesidad —política e institucional— de promover la coordinación entre éstos, como de articular los análisis y las capacidades de reacción entre las diferentes escalas de enfoque, desde lo local a lo nacional.

La iniciativa del mando único policial, o la propuesta de Guardia Nacional del próximo presidente de la República, que lo retoma en gran parte, presentan obstáculos cualitativos centrales al aumentar el vacío policiaco local que son relevantes y poco atendidos. La desaparición de las fuerzas municipales agrava la pérdida del vínculo de las fuerzas públicas con la ciudadanía, así como su conocimiento fino de las dinámicas locales.

Por otra parte, la línea que existe entre la cooperación y la sumisión de los eslabones más bajos a los más altos, es tenue. Las situaciones de violencia, combinadas con la imposición de un modelo desde arriba, debilitan la relación entre los niveles de gobierno y entorpecen aún más la reacción a crisis de violencia localizadas cuando más se necesitaría la coordinación. El esfuerzo de capacitación e inversión financiera se debe dirigir hacia fuerzas capaces de actuar en lo local, más no aisladas y abandonadas por los estados y la Federación.

El abandono de la escala municipal en términos institucionales y de seguridad es un síntoma – y no la causa – de las crisis y recuperar y fortalecer las fuerzas locales, tomará años. Como lo mostró el diagnóstico de la Secretaria de Gobernación publicado en diciembre de 2017 acerca de las fuerzas de policía preventivas, el estado de éstas es alarmante. Así, el esfuerzo para profesionalizarlas y recuperarlas tiene que ser tan importante y veloz como su monitoreo. Durante este proceso, la inversión financiera tiene que ser una de las vertientes de la capacitación de fuerzas locales, así como la coordinación con las fuerzas estatales y/o federales, sean militares o de la Policía Federal, que puedan asegurar cierta continuidad en el ámbito de la seguridad “física”, es decir la presencia continua de fuerzas armadas. Aunque el objetivo a mediano y largo plazo de un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad pública tiene que ser el regreso del Ejército a sus tareas “tradicionales”, este proceso no se puede llevar a cabo de un día para el otro sin provocar un vacío que, tal y como ya se observó con la desaparición de fuerzas locales, puede resultar dramático.

El municipio es el nivel de gobierno más expuesto y más débil del país. Sin embargo, en este diagnóstico, la palabra importante es “expuesto”, no “débil”. Aquí, la debilidad institucional, las carencias financieras y las vulnerabilidades humanas se hacen cada vez más agudas frente al nivel de presión y exposición a la violencia en el que viven, así como su abandono político e institucional. Esto revela el debilitamiento de las instituciones públicas en México y legitima, de forma directa o indirecta, a los poderes facticos locales.

Es indispensable lograr la articulación entre datos empíricos y datos duros, datos cualitativos y cuantitativos, para que sepamos más de lo que sucede en el país.

El problema de la violencia en México es político y, por ende, necesita una respuesta de política pública. Si no se conocen y reconocen la(s) violencia(s), con todas sus complejidades, que enfrentan los municipios de este país, no se podrá diseñar una política pública de seguridad efectiva.

 

Romain Le Cour Grandmaison
Candidato a doctor en la Universidad de la Sorbonne Paris-1. Su doctorado se enfoca en las dinámicas sociales de la violencia en México. Es también co-fundador y co-director del think tank Noria Research, investigador asociado de México Evalúa y consultor para varios organismos internacionales.


1 Este argumento fue presentado de forma más amplia en el capitulo dos del libro « Léase si quiere gobernar (en serio) », « Rediseñar la estrategia de seguridad pública desde lo local » editado por México Evalúa en abril 2018. Ver aquí.