“El narco”. “La violencia”. “El Estado”. “El crimen organizado”. “Los cárteles”.

La letanía del léxico de “la guerra contra las drogas” en México tiene como único equivalente el uso de las estadísticas de homicidios como alfa y omega del análisis de la(s) crisis de violencia(s) que conoce el país desde 2006.

En ambos casos, funcionan como bloques narrativos que, lejos de aclarar o documentar dinámicas precisas, sirven para apoyar posturas analíticas —por parte de los expertos, comentaristas o académicos— y políticas publicas –por parte de los gobiernos sucesivos.

Las palabras hechas conceptos, así como las explicaciones de “fue el narco”, “estaba vinculado con el narco”, “por algo lo mataron” participan del acostumbramiento y de la banalización de la violencia en México. Este vocabulario y cifras de la violencia, que ya nadie ve o lee.

Sobre todo, participan de la ceguera frente a lo que sucede al nivel más local de la violencia en México, de lo cual sabemos poco o nada. Una de las razones por las cuales las estrategias de seguridad han fracasado hasta ahora es por falta de conocimiento, datos confiables y diagnósticos desagregados sobre las crisis de seguridad.<

En los últimos sexenios, la respuesta política de seguridad siguió un argumento que criminaliza a la escala municipal: las policías municipales son débiles, corruptas e inoperantes, entonces deben desaparecer. Por el contrario, si las fuerzas municipales y/o estatales son débiles, entonces constituyen un desafío que se tiene que atender, no desaparecer. Por ello, la nueva administración debería fortalecer los diagnósticos locales que permitan acercarse a las situaciones de violencia de cada territorio con un análisis que combine datos cualitativos y cuantitativos.1

Ilustración: Belén García Monroy

Lo que nos enseñan y nos esconden las cifras

En México, las estadísticas, a pesar de sus evidentes sesgos, sirven si de dejan de usar únicamente para comentar a posteriori y a grandes rasgos los brotes de violencia que vive casi permanentemente el país. Sirven si se usan para recordar que representan cantidades enormes de muertos, torturados, desaparecidos y desplazados que conoce el país.

Así, con la nueva administración apenas instalada, cabe mencionar los enormes desafíos con los cuales se encuentra Andrés Manuel López Obrador en cuestiones de seguridad pública.

Primero, 2018 será, sin duda, el año más violento de la historia contemporánea mexicana. De hecho, hasta junio, cada mes de 2018 fue el mes más violento de la historia.

Segundo, parece una aberración que, después de 12 años de “guerra contra las drogas”, estemos todavía tan alejados de las realidades locales del país. En México se producen infinitos comentarios sobre la violencia que “sube”, “baja”, “se desplaza” para formar “la nueva geografía del crimen” y “la dispersión de la violencia”, pero concretamente, ¿sabemos quién mata a quién, y porqué? La verdad, no. O muy poco.

A causa de esto, las “estrategias” de seguridad pública siguen persiguiendo el sueño trágico de querer atender de la misma manera a Los Cabos, en Baja California y Chilapa, Guerrero, a Juárez, Chihuahua y a Tecomán, Colima.

Esto se debe a que, en México, alrededor del 95% de los homicidios y el 94% de los delitos no se reportan. Y que únicamente el 1% de todos los delitos se investiga y se procesa. Es decir nada. En México, se mata porque se puede, porque es fácil y barato. Se mata porque las consecuencias judiciales son inexistentes. Y esto obviamente incluye al Estado, que es el que más puede. Y si el Estado asesina y desaparece impunemente, no hay razón para no buscar justicia propia.

Por otra parte, las estadísticas de homicidios conllevan sesgos cruciales a la hora de entender las dinámicas de la violencia al nivel local. La baja de la violencia en un municipio, por ejemplo, no necesariamente ilustra una mejora de la situación social y humana. Puede corresponder a un contexto, que existe en muchos territorios del país, de un municipio controlado por un grupo criminal o una autoridad de facto, que regula la vida de la municipalidad. Pero para darse cuenta de esto, hay que ir a los municipios a sacar los datos.

¿Quién es “el narco”?

“El narco”, cuando uno recorre el país haciendo trabajo de campo, es la gente. Es más, sucede, en la gran mayoría de los casos, que los habitantes de las regiones más violentas del país ni usen la palabra “cártel”. No únicamente porque llama la atención, sino también porque a ras de suelo el término no existe, ni quiere decir nada.

A los “narcos” se les dice “ellos”. Como lo dijo mucho mejor que yo el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en abril de este año, y como me lo contó tanta gente durante recorridos de campo, el narco “es la gente. Es imposible cerrar los ojos, todos nos conocemos.”

Esta es la realidad mexicana: el narco es local.

La población local –incluyendo aquí a las autoridades locales– conoce la situación, las tensiones, los arreglos y las problemáticas que acechan a sus territorios. Conoce los terrenos, las brechas y las sierras, claves en el control humano y territorial de los grupos criminales. Conoce los narcos y no le queda otra que lidiar con ellos, discutir con ellos, trabajar para ellos, adaptar su vida a las reglas que ponen ellos. Porque de esto depende su supervivencia.

También es una realidad –y un desafío enorme– la falta de conocimiento local por parte, principalmente, del gobierno federal y de sus fuerzas. Durante mi trabajo de campo en Guerrero y Michoacán, en el contexto de las autodefensas, llamó mi atención que las fuerzas federales no conocieran la sierra, los apellidos importantes de la gente de la zona, incluidos los de los “narcos”, o el nombre de los ranchos claves para asegurar la seguridad en la región. Se apoyaban en las autodefensas para moverse por Tierra Caliente, hacer preguntas en los retenes y ganarse un mínimo de confianza con la población local. Sin ese conocimiento local, no podían hacer nada.

El punto no es convertir a la ciudadanía en informantes, sino emprender un cambio radical de paradigma en el diseño de la estrategia de seguridad pública. La desaparición de las policías municipales agrava la pérdida del vínculo de los gobiernos con los ciudadanos, así como su conocimiento fino de las dinámicas locales. Es urgente un cambio drástico de paradigma que busque la articulación y la coordinación entre las escalas de análisis y de gobierno, partiendo de lo local.

Por eso resulta crucial para la administración identificar los desafíos de seguridad en función de su impacto y de su fuero, sin enfocarse exclusivamente en el “crimen organizado” entendido como palabra “mágica” que encubre cualquier fenómeno delictivo. El crimen organizado es una de las múltiples vertientes que contribuyen y alimentan la violencia social. Segundo, es importante no invisibilizar o minimizar fenómenos de delincuencia como el robo común, el asalto y las violaciones, entre muchas, ni descartar estrategias de prevención del delito que integran dinámicas sociales de desarrollo local, acceso a la educación y al empleo, entre otras.

Para lograr esto, hay que acercarse a los municipios más violentos del país.

 

Romain Le Cour Grandmaison
Candidato a doctor en la Universidad de la Sorbonne Paris-1. Su doctorado se enfoca en las dinámicas sociales de la violencia en México. Es también co-fundador y co-director del think tank Noria Research, investigador asociado de México Evalúa y consultor para varios organismos internacionales.


1 Este argumento fue presentado de forma más amplia en el capitulo dos del libro Léase si quiere gobernar (en serio), “Rediseñar la estrategia de seguridad pública desde lo local” editado por México Evalúa en abril 2018.