En la primera parte de este texto se propuso que la política de prevención en nuestro país se replantee a partir de tres estrategias centrales: (1) reducir la propensión delictiva de las personas; (2) evitar la proliferación de ambientes criminógenos; y (3) limitar la exposición de las personas propensas a dichos ambientes. A continuación se formulan algunas propuestas para llevar a la práctica cada una de estas estrategias.

Ilustración: Víctor Solís

Reducir la propensión al delito o la violencia

Identificar personas propensas a estas conductas puede ser complicado. Sin embargo, podemos partir de dos alternativas para aprovechar o abrir espacios institucionales que permitan identificar a las personas más propensas a cometer delitos de modo que estos puedan ser canalizados hacia modelos de atención:

1. Trabajar con personas en conflicto con la ley en todas las etapas del proceso penal para prevenir su reincidencia

Además de fortalecer los programas de reinserción dentro y fuera del sistema penitenciario, podríamos aprovechar distintas figuras procesales como los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso para captar y derivar a estas personas hacia programas que procuren su fortaleza emocional, cognitiva y conductual1 y promuevan la cultura del respeto y la legalidad, al tiempo que mitiguen el impacto de motivadores como la necesidad económica o la frustración derivada de no poder cumplir con las expectativas impuestas por los modelos de consumo exacerbado característicos de nuestros tiempos con opciones de educación y empleo.2

2. Trabajar con personas que entren contacto con diversas instituciones de seguridad y justicia al interior de sus comunidades

También podemos partir de diversos mecanismos a nivel comunitario que nos permitan detectar, captar y derivar a las personas presumiblemente más propensas a cometer delitos hacia modelos de apoyo y atención integrales como los mencionados arriba. Dichos mecanismos pueden incluir la consolidación de los sistemas de justicia cívica,3 la adopción por parte de las policías de modelos de gestión con enfoques de proximidad social o la construcción de capacidades para la atención a víctimas.4 

Evitar la proliferación de ambientes criminógenos

Al igual que las personas propensas a cometer delitos o actos violentos, identificar los ambientes criminógenos no es sencillo. Nuestra mejor opción es trabajar a partir de puntos rojos donde se concentre la actividad delictiva. En estos espacios, además de la saturación con capacidades de vigilancia o la promoción de proyectos de arquitectura y diseño defensivos, podemos (1) impulsar proyectos de construcción de “eficacia colectiva”5 y (2) promover la inmersión de los grupos más problemáticos de la comunidad en nuevas dinámicas de respeto y legalidad mediante el uso de estrategias de disuasión focalizada.6 En el primer caso, los proyectos deben orientarse a generar cohesión social, partiendo de condiciones mínimas de bienestar, pero de manera más importante a movilizar a las comunidades hacia la solución de problemas o la atención de grupos específicos relacionados con la ausencia de seguridad en el ambiente.

En el segundo, es fundamental comunicarle a las personas o grupos más propensos a delinquir —de manera clara y por medio de ejemplos concretos de procuración efectiva de justicia—, cuáles son las reglas de conducta que son (más) importantes para la comunidad; cuáles son las acciones que la autoridad y la propia comunidad están dispuestas a emprender para que estas reglas se cumplan y cuáles son los beneficios o, en su caso, las consecuencias penales, regulatorias o sociales de no hacerlo (i.e. usar todas las palancas disponibles).7

La buena noticia es que, de acuerdo a la experiencia internacional, para comunicarle a unos cuantos (los más violentos o los que más delitos cometan) que no habrá impunidad, no se necesita reformar de golpe todas las unidades de todas las instituciones. Basta con que las unidades ejecutoras de la política criminal, desde la prevención hasta la sanción, que estén involucradas en las estrategias de disuasión focalizada hagan bien su trabajo.8

Limitar exposición de personas propensas a ambientes criminógenos

Finalmente, si no podemos reducir la propensión delictiva en las personas o el potencial criminógeno de los ambientes, siempre podemos evitar que estos entren en contacto modificando los procesos de selección social o selección personal.9

Si bien sería altamente deseable, alterar los mecanismos de selección social implicaría llevar a cabo acciones de gran calado y cobertura que van más allá del mandato de la política de prevención. Por ello, nuestros esfuerzos deberían dirigirse primordialmente a interrumpir los procesos de selección personal mediante dos tipos de acciones:10

• Convencer a las personas propensas a cometer delitos de alejarse voluntariamente de ambientes criminógenos; y
• Supervisar a las personas propensas a cometer delitos y actos violentos para que no lo hagan.

Para convencer a las personas de no exponerse a ambientes criminógenos, una vez que regresen a sus comunidades, debemos acercarles actividades educativas, laborales y recreativas que las mantengan alejadas de esos entornos. Nada fácil de ejecutar, pero al menos tenemos muchas herramientas a la mano para hacerlo.

En cambio, implementar el segundo tipo de acciones puede resultar un poco más difícil, al menos desde un punto de vista presupuestal y operativo. Para ello tendríamos que expandir de manera significativa, en cantidad y calidad, las capacidades de nuestros sistemas de supervisión sobre personas en conflicto con la ley penal: las del sistema penitenciario nacional, las de las autoridades administrativas encargadas de supervisar y dar seguimiento a las medidas acordadas o impuestas por los operadores del sistema penal, las de los juzgados cívicos, las de las policías municipales (o de proximidad) y de cualquier otra autoridad encargada de dar seguimiento a los ofensores reiterados a nivel comunitario.

En reconocimiento de que en algunas partes del país alejarse de los ambientes criminógenos no es sólo una cuestión de voluntad sino de vida o muerte, habría que pensar seriamente en la posibilidad de construir un sistema de protección, desmovilización y reinserción social de ofensores, sobre todo adolescentes que, mediante la aplicación de criterios de oportunidad o de disposiciones como las estipuladas en las fracciones III, IV, V y VII del Artículo 10 de la Ley de Trata, puedan ser retirados de manera permanente de sus áreas de residencia u operación, protegidos y posteriormente reinsertados (después de cumplir con las sanciones correspondientes).11

En resumen: un nuevo modelo de prevención de la violencia y el delito

Objetivo: Evitar – o “contribuir a evitar”– que la violencia y el delito ocurran (por primera vez) o persistan (a lo largo del tiempo).

 

Privilegiar el enfoque reductivo y la focalización por tipo de delito.

 

 

Reducir la propensión delictiva o violenta de las personas

 

Limitar la exposición de las personas propensas a ambientes criminógenos

 

Evitar la proliferación de ambientes criminógenos

 

• Reeducación en cultura de la legalidad;
• Trabajo socioemocional (e.g. con terapias cognitivo conductual);
• Modelos efectivos de regularización académica y empleabilidad.

Identificación y captación a través de la apertura de espacios institucionales en el NSJP y al interior de las comunidades y mapeo de redes sociales;

 

Interrupción de la selección personal:

• Convencimiento de personas propensas de alejarse de dichos ambientes;
• Supervisión, seguimiento, protección y reinserción de víctimas – victimarios.

 

• Construcción de eficacia colectiva;
• Desarrollo alternativo en zonas con economías delictivas;
• Reeducación moral relevante a la ley penal (cultura de la legalidad) a través de estrategias de disuasión focalizada con individuos o grupos.

Identificación y captación a través de focos rojos de incidencia a nivel territorial;

Finalmente, para ser exitosos en estas tareas debemos dejar atrás el paradigma de la coordinación y pasar al paradigma de la integración operativa entre la política de prevención y el resto de las instituciones encargadas de la política criminal que contemple, el menos, cuatro elementos:

• compartir información que permita focalizar esfuerzos;
• promover la convergencia entre los procesos y subprocesos de ambas políticas (e.g. derivando ofensores desde el sistema hacia modelos especializados de atención);
• promover la participación de las instituciones encargadas de la prevención en los equipos o fuerzas de tarea que se creen de manera ex profeso para reducir algún delito o solucionar algún problema delictivo específico; y
• evaluar los resultados de estas instituciones de manera conjunta y en los mismos términos (como partes integrales de una sola política criminal).

Si no hacemos lo anterior; si no trabajamos juntos, todos, sociedad y gobierno, nunca llegaremos a la meta que nos hemos trazado.

 

Pablo Vázquez Camacho es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE). Es Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR). Antes, trabajó en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia encabezado por la Secretaría de Gobernación.


1 Para evidencia disponible en torno a los efectos de la Terapia Cognitivo Conductual en ofensores ver esta liga.

2 Sobre la teoría de la frustración, del estrés o del esfuerzo ver sobre todo el trabajo de Robert Agnew. Sobre programas de empleabilidad dirigidos a ofensores potenciales ver este artículo del New York Times sobre el programa READI de la Alianza Heartland.

3 En materia de justicia cívica vale mucho la pena voltear a ver el trabajo que realiza la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia, Michoacán.

4 No olvidar que uno de los mejores predictores de conductas violentas en una persona es haber sido víctima de las mismas.

5 De acuerdo a Robert Sampson, la eficacia colectiva se refiere a “los vínculos de cohesión y confianza mutua entre los residentes de una comunidad que a su vez tienen expectativas compartidas sobre la necesidad de intervenir o actuar en apoyo a las labores de control social”. Ver: Sampson J., R., (2013), Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect, (Chicago: The University of Chicago Press).

6 Para saber en qué consisten este tipo de estrategias ver esta liga.

7 Cita construida a partir de la conferencia brindada por Rachel Locke, Directora de Intervenciones Internacionales en la Red Nacional de. Comunidades Seguras del John Jay College of Criminology en la ciudad de Tijuana el 1 de febrero de 2018 y en la Ciudad de México el 2 de febrero de ese mismo año bajo el auspicio de la agencia de cooperación para el desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Para variaciones de este tipo de intervenciones ver esta liga.

8 Rachel Locke, Op. Cit.

9 La selección social se refiere a fuerzas sociales que facilitan o impiden que ciertas personas participen en actividades que ocurren en momentos y lugares específicos”. Por su parte, la selección personal se refiere a “las decisiones tomadas a partir de las preferencias de las personas para participar en actividades que tienen lugar en lugares y momentos específicos, ateniéndose siempre a las limitaciones que experimentan como resultado de las fuerzas de selección social” Ver: Wikström, P-O H., y Treiber, K., (2017), Op. Cit.

10 Ibid.

11 Ver Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. Esta idea ha sido planteada previamente por la organización Cauce Ciudadano, AC.