El control está en el presupuesto… y en saber manejarlo. Quienes dirigen la seguridad pública en México no lo han entendido.


Ilustración: David Peón

En los últimos ocho años se han enviado al Congreso por lo menos 10 iniciativas legales en la materia, incluyendo una del expresidente Felipe Calderón y otra del actual presidente Enrique Peña Nieto, pero ninguna ha prosperado. No es difícil entender por qué: todas han alimentado la idea de que para tener mejores policías es necesario reducirles facultades constitucionales a los municipios.

Hoy tenemos un desordenado collage de policías estatales y municipales con realidades variopintas de capacidades, salarios, prestaciones, bases normativas, protocolos de actuación, capacitación, equipamiento y demás, pero estamos también frente a un falso dilema: mando único o competencias distribuidas a lo largo del territorio nacional; mil 800 corporaciones municipales (hay alrededor de 600 municipios que no cuentan con una corporación policial propia) o solamente 32 estatales; reforma constitucional o inseguridad.

La Iniciativa de Decreto de mando único, presentada ante el Congreso de la Unión en diciembre de 2014 por el presidente Peña Nieto se basa en una falacia: el que cada municipio tenga su propia fuerza encargada de la seguridad pública “ha generado que contemos con una masa heterogénea de corporaciones de todo tipo y tamaño, que claramente no son capaces de enfrentar los retos que hoy en día se presentan en materia de seguridad pública”.

Si bien es cierto que carecemos de criterios homologados para las corporaciones, ello no se debe a la distribución constitucional de competencias, sino a la incompetencia del gobierno federal para establecer mecanismos rectores que aseguren la homogeneidad.

El gobierno federal concluye en un dogma de fe: “para atender nuestra situación de seguridad es necesario concentrar las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno”. Al estilo de la paradoja del pescado de Babel de Douglas Adams en su Guía del autoestopista galáctico, la discusión respecto del mando único está planteada en términos fideístas. Nos pide creer que con su aprobación vendrá la paz. Cuando el pescado de Babel le pide a Dios que pruebe quién es, Dios le responde: “Me rehúso a probar que existo, porque la prueba niega la fe y sin la fe Yo no soy nadie”.

Quienes argumentan a favor del mando único olvidan que la pregunta no es cómo hacer del mando único una realidad, sino cómo tener policías profesionales y honestos. La eficiencia en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no está fatídicamente vinculada con una reforma constitucional, sino con el empeño dedicado de todos porque así sea. Por eso ninguna de las 10 iniciativas enviadas al Congreso en los últimos años ha prosperado y por eso los diputados rechazaron la iniciativa de mando mixto del Senado de la República.

Anualmente, el gobierno federal apoya a los estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales en materia de educación y salud. Este año el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) asciende a 335 mil 105 millones de pesos para el pago de poco más de un millón plazas. Por otro lado, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) alcanza los 60 mil 700 millones de pesos, sin que sea posible determinar el número de plazas. A estos recursos hay que sumar 39 mil 488 millones de pesos del ISSSTE y 188 mil 138 millones del IMSS para el pago de 109 mil 426 y 431 mil 96 plazas respectivamente.

A diferencia de maestros y médicos, los policías no son pagados con recursos federales: he ahí la razón de la heterogeneidad de nuestras corporaciones. La homogeneidad en los estándares de actuación de los sistemas nacionales de educación y de salud, así como el establecimiento de servicios profesionales de carrera en ambos, son más producto de una administración centralizada de los recursos humanos que de la aplicación de leyes generales.

La acción de gobierno, dirigida principalmente a generar justicia social como el más importante de todos los bienes públicos, descansa sobre un trípode que requiere idéntica fuerza en sus tres pies: maestros, médicos y policías. Nuestro trípode está patituerto.

De acuerdo con el Resultado del diagnóstico de salarios y prestaciones de policías estatales y municipales del país, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los salarios y prestaciones de los 318 mil 506 elementos estatales y municipales operativos registrados por el Centro Nacional de Información ascendieron en 2015 apenas a un total de 58 mil 454 millones de pesos. Es decir, un escaso 17.4 por ciento del FONE y 20.3 por ciento del gasto en servicios personales de salud.

Una simple operación matemática nos arroja un promedio salarial de 24 mil 758 pesos mensuales por empleado en el sistema nacional de educación básica, 33 mil 570 en el IMSS, 27 mil 759 en el ISSSTE y apenas 14 mil 118 pesos por elemento de seguridad pública. Por si fuera poco, la diferencia salarial de los policías municipales abarca un rango de los cinco mil 351 hasta los 14 mi 501 pesos al mes, habiendo municipios cuyos policías cobran apenas 2 mil 380 pesos mensuales, como es el caso de los policías de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Quien controla la nómina no solo controla los tabuladores, sino también los procesos de selección, ingreso, formación, capacitación, promociones, estímulos, recompensas, sanciones, retiros y jubilaciones del personal. Controlar la nómina de la seguridad pública del país es también el camino para erradicar su uso político que hoy se traduce en prácticas como el amiguismo, el compadrazgo, el influyentismo y el abuso de poder, dado que se haría realidad el establecimiento de un único servicio de carrera a nivel nacional.

Haciendo a un lado los vicios sindicales, los mexicanos hemos construido bases sólidas de confianza en la educación pública y el sistema nacional de salud. Los estándares de desempeño y los procedimientos organizacionales de las escuelas y de las clínicas y hospitales del país son suficientemente homogéneos. No sucede así en la seguridad pública. Por décadas descuidamos a las policías del país y de repente, frente a la crisis de inseguridad, ya no tuvimos tiempo para construir capacidades locales. Hoy, en el “no tenemos tiempo”, llevamos 12 años perdidos.

La concentración del mando en 32 estados no traerá como consecuencia la mejora en los estándares de actuación de las actuales policías municipales, ni la erradicación de prácticas deshonestas. Tampoco podemos suponer ingenuamente que la mera concentración de la administración de los recursos humanos en el gobierno federal forzará al cumplimiento de la Ley General de Seguridad Pública, pero lo que es un hecho es que si continuamos por el mismo camino seguiremos en caída libre.

¿Es viable pensar que los 58 mil 454 millones de pesos puedan ser cubiertos con el presupuesto federal? Con voluntad e imaginación podemos encontrar los recursos. Sumemos: siete mil millones de pesos anuales en comunicación social de Presidencia de la República; siete mil millones de prerrogativas para los partidos políticos; otros siete mil de crecimiento que ha tenido el presupuesto del Poder Legislativo en los años recientes; siete mil que recupera la Auditoría Superior de la Federación de desvíos de servidores públicos; nueve mil millones de los 109 mil que cada año la Secretaría de Hacienda transfiere a fideicomisos públicos opacos; 8 mil millones que según el propio gobierno federal ha recortado de plazas; mil millones que se le depositan al Sindicato de Pemex cada año; 12 mil millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para la Seguridad Municipal (Fortaseg), que podrían destinarse a la nómina de los policías.

Si en verdad deseamos tener policías eficientes, profesionales y honestos a lo largo de todo el territorio nacional, estamos obligados a invertir en el capital humano. No se vale seguir culpando a gobernadores y alcaldes, mientras desde la federación, en lugar de pensar en cómo hacer fuertes las capacidades locales, se aumentan tan solo para este año 16 mil 583 millones de pesos para las Fuerzas Armadas, reforzando su presencia en las calles del país, ya no solo con la Ley de Seguridad Interior, sino también con un crecimiento presupuestal sin igual. Esos recursos bien podrían destinarse a construir desde ya un sistema nacional de seguridad pública que cuente con corporaciones policiales honestas y con capital humano ejemplar.

 

Elias Rafful es experto en políticas públicas, seguridad pública y violencia. Director de NPC Consultores y Presidente de Fundación Manos Manchadas de Pintura.