Unas horas después del primero de tres debates entre los candidatos presidenciales inicia el proceso de análisis que puede, incluso, resultar más enriquecedor que el ejercicio en sí. Aunque algunos expertos en opinión pública sostienen que este tipo de eventos no provocan cambios sustanciales en la preferencia del electorado, no se puede negar que aportan una buena cantidad de datos y materia para valorar ciertas posiciones de los aspirantes a la presidencia, en este espacio en particular, del eje “Seguridad pública y violencia”.

El debate en el tema giró en muy buena parte en torno la iniciativa de “amnistía” que, sin mayor detalle, lanzó hace unos meses Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la paz. La previsible estrategia del resto de los participantes de tirarle al puntero, sin embargo, limitó en mucho el alcance del ejercicio para contrastar de mejor forma las opciones. Quizá la contrapropuesta más clara fue la del candidato del Frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, quien se refirió al desmantelamiento de las organizaciones criminales, por encima de su solo descabezamiento. Retomaré la misma más adelante.

La propuesta del candidato de la coalición de Morena-PT-PES es poderosa porque lleva a imaginar un escenario en el que quienes cometieron delitos tengan una motivación para retirarse para siempre del sector ilegal –a cambio de oportunidades lícitas, presumo–, en lugar de esperar a que de la puerta giratoria de nuestro rebasado y maltrecho sistema de justicia salgan personas reintegradas socialmente y comprometidas con la legalidad. Pero, ¿podemos decir que sabemos en qué consistiría este mecanismo después de este primer round de tres? No realmente. Lo cierto es que López Obrador promete un espacio de diálogo entre especialistas para definirlo en el periodo de transición si resulta electo.

A manera de apunte en el tan llevado y traído caso colombiano, algo importante se deja fuera siempre que se trae a colación en la discusión pública. En aquel país se establecieron tipologías de violencia de acuerdo con su causa: política (que incluye a las guerrillas -no así a los paramilitares), urbana, organizada, contra minorías étnicas, contra los medios de comunicación y la familiar. Éstas son una guía para determinar con qué individuos o grupos de perpetradores se puede negociar desde el Estado y con quiénes no. Por supuesto, esta clasificación no está libre de cuestionamientos y sus fronteras se consideran poco estables, pero la discusión de este tipo de mecanismos para nuestro país está muy lejos aún de estas deliberaciones, con todo y las enormes diferencias contextuales.

Retomemos ahora lo propuesto por Anaya en torno al desmantelamiento de las organizaciones delictivas. Responde al reclamo que se lanza al gobierno federal desde 2006: los líderes de estos grupos son apresados o aniquilados por el Estado, pero basta con reemplazarlos porque sus estructuras permanecen intocadas. Ejemplificó su propuesta con el llamado maxi-proceso contra la mafia en Palermo, Italia, en los 80. Sin embargo, tampoco él aportó mayor información. El mérito de Anaya consistió en la forma en la que relató la gesta del sistema judicial italiano, más que en cómo podría contextualizarse a nuestras instituciones y legislación.

En la tarea gubernamental —como ocurre en una relación amorosa—, las expectativas que se generan pueden llevar a las mayores desilusiones. Recordemos al candidato que dijo que resolvería el conflicto de Chiapas “en 15 minutos”, o del que dijo que recuperaríamos la paz cambiando el paradigma de los últimos años en seguridad.

Por otro lado, si yo gobernara o fuera candidata para gobernar algún estado o municipio de la República, me hubiera ido a dormir muy tranquila. La pregunta daba pie para incluirlos en la ecuación, pero todos respondieron como si reducir la violencia fuera un asunto que dependiera solamente de su voluntad o de la estrategia federal.Ninguno de los candidatos habló de cómo promover y vigilar que en los otros niveles de gobierno cumplan con su obligación constitucional de proporcionar seguridad.

Quizá ignoren que el puesto al que aspiran es la cabeza del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tal vez sobreestiman las atribuciones que tendrán para resolver uno de los mayores problemas que enfrentamos en la última década en México. Ninguno es buen escenario a futuro.

La inteligencia, prevención, combate a la impunidad y mejores policías estuvieron presentes, casi como frases de cajón, sin mayor detalle al respecto con definiciones en torno a la reforma policial o la agonizante política de prevención del delito o la violencia, que hubiera colocado la discusión en otro nivel. Respecto a esto último, el candidato del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, se refirió en varias ocasiones a la prevención y cómo es que ha resultado insuficiente. Sin embargo, no dio la impresión de que cuente con un mejor diagnóstico de los grandes retos en la agenda en cuanto a capacidades institucionales, aún cuando fue titular de dos dependencias de las que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Sobre todo, en un tema técnico en el que uno de los mayores errores fue querer correr sin antes haber aprendido a caminar.

Así se nos fue el debate de presidenciables en torno a la seguridad pública y violencia y no se tiene prevista otra oportunidad como ésta. Esperaríamos que en el próximo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, en el que se hablará del combate al crimen trasnacional, los candidatos lleven ideas mucho más aterrizadas. No pido que presenten su estrategia programática, pero sí al menos más información que sirva al electorado para valorar a qué tipo de estrategia le dará su voto.

 

Lilian Chapa Koloffon es analista de políticas de seguridad y editora de este blog.