El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México ya fue usado en el pasado, tanto por George W. Bush como por Barack Obama, como medida de negociación política en el marco de difíciles transacciones con el llamado “lobby anti-inmigrante”. Mientras que, el despliegue ordenado hace unos días por Donald Trump, ocurre en un contexto diametralmente opuesto.

En junio de 2006, W. Bush envió seis mil elementos de la Guardia Nacional a vigilar la frontera con México. Un año antes, el congresista republicano Jim Sensenbrenner había propuesto una estricta ley anti-inmigrante, en la cual se proponía, entre otras cosas: poner fin a la práctica de “atrapar (en la frontera) y liberar (del otro lado)” a los migrantes en cruce –recluyéndolos en lugares como la infame Tent City de Arizona para registrar sus datos, imputarles cargos y luego deportarlos–; también obligar a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores; convertir en delito el ayudar y albergar migrantes indocumentados; y aumentar los castigos penales por actividades tales como el “fraude matrimonial” y la falsificación de documentos. Además, la ley incluía extender otros mil kilómetros la doble valla que ya separa algunas partes de la frontera entre Estados Unidos y México, así como la realización de un estudio sobre la necesidad de construir otra valla en la frontera con Canadá.

La “Ley Senserbrenner” fue aprobada en la Casa de Representantes en diciembre de 2005, lo cual detonó protestas masivas con el objetivo de evitar su aprobación en el Senado. En ciudades como Dallas y Los Ángeles, marcharon codo a codo cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y migrantes indocumentados. El 25 de marzo de 2006, más de un millón de personas salieron a las calles de Chicago para protestar contra esta ley. En este contexto, el envío de la Guardia Nacional a la frontera fue parte de una negociación política para detener esta iniciativa de ley, e incluso frenar otras iniciativas estatales.

Barack Obama envió poco más de mil elementos de la Guardia Nacional a vigilar la frontera en julio de 2010. Ese año, la violencia desatada por la “guerra contra el narco” alcanzó niveles escalofriantes del lado mexicano, especialmente en Chihuahua: según los datos de INEGI, los homicidios en el municipio de Juárez pasaron de menos de 300 en 2006, a más de dos mil en 2009, y llegaron a la increíble cantidad de 3 mil 747 en 2010. Así, la tasa de homicidios en Juárez, Chihuahua, pasó de 22 por cada cien mil habitantes en 2006 a la aterradora proporción de 180 en 2009 y 281 homicidios por cien mil en 2010. Una verdadera zona de guerra.

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2009, Obama expresó su preocupación y solidaridad con México por la violencia desatada en nuestro país. Ese mismo año comenzaron las fricciones en el congreso estadounidense por la liberación de fondos de la Iniciativa Mérida, que resultaban controvertidos dadas las violaciones a derechos humanos ocurridas en México en el marco de este acuerdo binacional. Para mazo de 2010, el Departamento de Estado publicó su acostumbrado informe sobre la situación de los derechos humanos en México, enfatizando cifras como las siguientes: más de 8 mil homicidios directamente relacionados con el combate al narcotráfico y casi 10 mil migrantes secuestrados en territorio mexicano. En el informe también se señaló que la CNDH había recibido más de mil quejas por casos de tortura y tratos crueles, otras más de mil quejas por detenciones arbitrarias, y cerca de mil quejas por cateos ilegales. El Departamento de Estado también detalló varios casos documentados de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, e incluso hizo eco de las declaraciones de varias organizaciones civiles contra la opacidad, la ineficacia y la inacción del gobierno mexicano.

Frente a los graves problemas en México, la administración de Obama intentó impulsar un cambio en la política regional de seguridad. En lugar de priorizar la estrategia de “combate frontal” que apremiaron Bush y Calderón a través de la Iniciativa Mérida, Obama buscó promover reformas a los sistemas de seguridad y de justicia en México a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los presupuestos ejercidos por esta agencia de cooperación relevan la magnitud de este esfuerzo: de 96 millones de dólares destinados a México en 2008, USAID pasó a ejercer 500 millones en 2009 en nuestro país, invirtiendo 380 millones en programas de apoyo al gobierno y organizaciones de la sociedad civil, y 54 millones en programas de resolución de conflictos y promoción de la paz. Para el siguiente año, la administración de Obama buscó incrementar aún más este enorme presupuesto (logrando un total de 718 millones). Así, el despliegue de la Guardia Nacional en 2010 formó parte de las negociaciones políticas, tanto dentro del congreso estadounidense como con el gobierno mexicano, para impulsar cambios estructurales en la política binacional de seguridad.

En contraste con los ejemplos anteriores, el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump ocurre en un contexto completamente diferente. Por principio, Trump ha expresado abiertamente, desde su campaña electoral, su animadversión y desprecio por los migrantes mexicanos y latinoamericanos. El llamado “lobby anti-inmigrante” ya no funge como grupo de oposición política, sino que se ha instalado a sus anchas en la Casa Blanca (p. ej. Jeff Sessions, Stephen Miller, Julie Kirchner y Jon Feere). Así, este nuevo despliegue no parece fungir como medida de negociación, sino como celebración del poder alcanzado por este “lobby”. Más allá de los fracasos que (hasta ahora) ha sufrido la administración Trump en la construcción del mentado “muro fronterizo”, es importante reconocer la adversidad del contexto político: el movimiento de defensa de los migrantes está completamente desarticulado; las deportaciones de personas y familias que ya residían en Estados Unidos (removals) están en niveles máximos históricos; las negociaciones de protección a los Dreamers han fracasado; los crímenes de odio van a la alza; y el movimiento neo-nativista (alt-right) goza de una amplia aceptación entre distintos sectores de la sociedad estadounidense (incluso en universidades de élite).

En el contexto binacional sería ingenuo suponer que este nuevo despliegue de la Guardia Nacional tendrá alguna implicación positiva para México. Todo lo contrario: en el discurso del gobierno estadounidense, México ha dejado de ser referido como “un socio y aliado”. El despliegue de esta fuerza militar de reserva podría representar una medida de presión política contra nuestro país, pero dadas las condiciones actuales de opacidad en ambos gobiernos, resulta difícil inferir su intencionalidad. No sería exagerado interpretar este acto como una medida de presión, ya que las experiencias pasadas nos revelan su utilización como factor de negociación –y desde que el saldo neto migratorio entre ambos países se revirtió a principios de esta década, es evidente que la migración indocumentada es sólo un pretexto para este tipo de acciones–.

En vista del nuevo contexto político, sería recomendable que la sociedad mexicana se mantuviera vigilante de las negociaciones bilaterales en curso, así como de los acuerdos binacionales que pudieran tomarse en los próximos meses. De hecho, sería deseable que esta situación nos llevara a reflexionar sobre los cambios contextuales que están ocurriendo no sólo en Norteamérica, sino a nivel global. No es sensato asumir que, a pesar de todos los cambios que estamos presenciando, las relaciones políticas internacionales regresarán pronto a la “normalidad”. Mejor haríamos en considerar este despliegue de la fuerza militar de reserva estadounidense, como una llamada de atención sobre el posible deterioro de las relaciones regionales. Aceptar la posibilidad de este deterioro, que día tras día parece confirmarse, nos motivaría a discutir cómo transformar a México en un actor regional que promueva la desmilitarización de las interacciones sociopolíticas, y que en su lugar impulse una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Semejante modificación representa un reto mayúsculo, toda vez que, para convertirnos en un actor creíble en la arena internacional, debemos lograr primero este cambio a favor de la paz y de los derechos humanos a nivel nacional.

 

Carlos Galindo es doctor en Filosofía de la Ciencia e investigador del Instituto Belisario Domínguez.