Desde mediados de 2015 la Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta fuertes críticas por la falta de eficacia en la atención de los problemas de inseguridad en sus instalaciones, particularmente en Ciudad Universitaria. Si bien es cierto que los problemas en la UNAM se conocen desde hace tiempo, en los últimos años aumentó el número de casos visibilizados y, consecuentemente, el escrutinio público de la respuesta institucional a los mismos.


Ilustración: Dante Escalante

Tal parece que la Universidad se encuentra frente a una paradoja entre implementar acciones contundentes e innovadoras para afrontar la crisis de seguridad y cuidar la imagen pública de la institución, como si responder al fenómeno pudiera generar una percepción negativa. Sin embargo, la paradoja es falsa: son estas acciones las que permitirán recuperar la confianza de la comunidad y de la sociedad en la capacidad de la Máxima Casa de Estudios para resolver el problema.

A continuación, haré un recuento de algunos de este tipo de episodios suscitados en la Universidad durante la presente administración rectoral y, posteriormente, argumentaré sobre las causas y problemáticas estructurales en la institución que condicionan la efectividad de cualquier medida.

A partir del inicio de la administración de Enrique Graue se han suscitado, al menos, los siguientes casos:

1. Javier Pérez Anguiano, estudiante de veterinaria, fue encontrado muerto el 31 de marzo de 2015 en la Facultad de Ciencias.

2. José Jaime Barrera Moreno, trabajador universitario, fue asesinado el lunes 27 de junio de 2016.

3. El feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, el miércoles 3 de mayo de 2017.

4. Víctor Orihuela Rojas, estudiante de Odontología, fue encontrado muerto el lunes 12 de junio de 2017 en la Facultad de Filosofía y Letras.

5. Rosa Analí Aparicio Vega, estudiante de medicina de la FES Iztacala, fue encontrada muerta el 27 de julio de 2017. Si bien dicho evento sucedió fuera de las instalaciones de la institución, las autoridades recomendaron a los estudiantes de medicina no usar bata blanca para no ser víctimas de la violencia. De la misma manera, emprendieron el programa "¡Ponte Vivo! Cuidarte es un hábito", trasladando la responsabilidad a los estudiantes.

6. Luis Alberto Malagón de Gaona, estudiante de la Facultad de Derecho. Falleció el miércoles 23 de agosto de 2017 pero su deceso fue de conocimiento público hasta el 11 de octubre. El director de la Facultad se pronunció el 12 de octubre, afirmando que tuvo conocimiento del deceso con anterioridad y que había estado en contacto con los padres de Luis. En este caso no existió cobertura periodística.

7. El caso de Roberto Carlos, estudiante de Arquitectura encontrado muerto el 27 de noviembre de 2017.

8. La agresión con arma de fuego a una funcionaria universitaria en la FES Acatlán el 22 de febrero de 2018.

9. El enfrentamiento con armas de fuego entre presuntos narcomenudistas en Ciudad Universitaria el 23 de febrero, hecho que desató una fuerte respuesta en medios de comunicación.

Problemas institucionales de fondo

Existen en la Universidad problemas institucionales que obstaculizan la atención de cada caso en particular, así como la respuesta a los fenómenos de inseguridad, violencia y acoso sexual en lo general. Entre ellos, los siguientes:

El problema histórico de la autonomía: El movimiento estudiantil de 1968 y la huelga de 1999-2000 dejaron heridas que aún no cicatrizan en el ideario de la Universidad y de los miembros de su comunidad. El miedo constante y perpetuo a la intervención externa y al autoritarismo (que, aunque a veces justificado), incide en la pérdida de objetividad de las decisiones institucionales. Este celo ha llegado a extremos irracionales que evitan la cooperación interinstitucional decidida y abierta con autoridades de seguridad pública. Mientras no resolvamos el problema de los límites de la autonomía, las acciones resultarán insuficientes.

La normalización de la violencia: La Comisión Especial de Seguridad (CES) del Consejo Universitario declaró en su Informe de 2015: “En el contexto actual de seguridad y percepción de inseguridad en el país, la UNAM presenta índices delictivos sustancialmente muy por debajo de los nacionales. Sin embargo, es claro que la seguridad sigue siendo un tema relevante para la Universidad”.

De entrada, resulta cuestionable la comparación entre la incidencia delictiva en la institución y el indicador nacional o cualquier entidad federativa. Además, si bien reconoce a la inseguridad como un problema, queda implícita una aceptación de cierto grado de violencia, su normalización, y su concepción como inevitable. En un centro educativo (por más amplias que sean sus instalaciones), cualquier manifestación de violencia es intolerable.

En el mismo documento, la Comisión afirmó que se logró “reducir la recurrencia de los actos delictivos”, sin embargo, las fluctuaciones reportadas en las cifras de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la PGJCDMX1 y por la PGR por casos al interior de CU, lo único que pueden demostrar es un descenso en el número de denuncias, no en el de actos delictivos, por lo que su afirmación se puede calificar de engañosa.

La deficiente coordinación intrainstitucional: Ciertamente la Universidad cuenta con instancias, entidades y funcionarios destinados a atender los problemas de seguridad. Sin embargo, su estructura, distribución de competencias y difuso alcance de sus acciones, minan en gran medida su eficacia.

En el plano operativo, las competencias se traslapan y duplican entre una gran cantidad de dependencias; como consecuencia, las atribuciones no quedan claras y las responsabilidades se diluyen. En este sentido, la legislación universitaria resulta imprecisa y laxa, por lo que deja espacio para la inacción, la omisión y la ilegalidad. Por ejemplo, la legislación universitaria indica que corresponde al personal de Vigilancia UNAM salvaguardar la integridad de los universitarios al interior de los campus. Sin embargo, éstos carecen de atribuciones para realizar detenciones —aún en casos de flagrancia—, lo que los convierte en meros observadores en la mayoría de los casos.

La deficiente coordinación interinstitucional: Por lo que hace a los programas “Sendero Seguro” y su efectividad, la misma CES reconoció en su informe de 2015: “el campus Ciudad Universitaria tiene una extensión de 725 hectáreas, las cuales, están rodeadas por varios asentamientos con altos índices de inseguridad.”; no obstante, la presencia de personal de Seguridad Pública de la Ciudad de México se limita regularmente a los accesos principales, dejando a sus suerte a los estudiantes más allá de las puertas de las instalaciones. Aunque las labores de seguridad en los espacios públicos circundantes son competencia de las autoridades locales, resulta evidente la ausencia de protocolos de coordinación específicos y eficientes.

La relativización de la responsabilidad institucional: En uno de los últimos párrafos de su informe de 2017 al Consejo Universitario, la CES mencionó que sólo con la participación organizada, activa y comprometida de todos los universitarios, se podrán garantizar las condiciones para que la UNAM pueda desarrollar las tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura que la nación le ha encomendado…”.

Aunque la participación de la Comunidad es sin duda deseable y su promoción, necesaria, no es exigible a los estudiantes o a los académicos, ni la eficacia institucional puede estar condicionada a ésta. En un contexto de impunidad, donde las autoridades carecen de la legitimidad y de la confianza de las víctimas y de la comunidad, corresponde poner en marcha políticas y acciones contundentes para recuperar la confianza perdida; no relativizar la responsabilidad institucional.

Hace unos días, la UNAM anunció la creación del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC) con el objetivo de desarrollar y promover investigaciones multidisciplinarias e iniciativas de difusión sobre el tema, con la participación de 18 instancias académicas. Es una buena noticia. La Universidad es, y será, uno de los motores más importantes del país, termómetro cultural y reflejo de sus condiciones sociales. Como tal, bien hará en dedicar su inigualable potencial para generar soluciones para los problemas que en esta materia ocurren en su interior.

Mejorar la seguridad en la Universidad requiere un liderazgo decidido por parte la institución, acciones creativas y contundentes. Pero, sobre todo, demanda un urgente y pleno reconocimiento de responsabilidad que no se limite a ejercicios cosméticos de comunicación social.

 

Carlos Escobedo Suárez es estudiante de la Facultad de Derecho UNAM y miembro del Grupo Jóvenes Construyendo Justicia del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. El autor agradece a Jorge Antonio Montiel Romero el apoyo en la búsqueda y selección de datos para este texto y a Guillermo Vázquez del Mercado por los comentarios. Las opiniones son exclusivamente mi responsabilidad.


1 Solicitud de acceso a la información pública folio 0113000232717.