El grado de civilización de una sociedad
se mide por el trato a sus presos.

Fiódor Dostoyevski

Hace unos meses un juez de distrito en Torreón, Coahuila, negó un amparo al determinar que un centro federal de readaptación social en Durango podía prohibirle a un grupo de internos el uso de barba y bigote. El argumento del órgano jurisdiccional descansó sobre la idea de que las personas recluidas deben soportar de buena gana las políticas del centro de reclusión debido a que han sido privadas legítimamente de la libertad. En pocas palabras: justificó la afectación de derechos por el estado de internamiento en que se encuentran los sentenciados.

De conformidad con el Artículo 18 de la Constitución, el nuevo sistema penitenciario mexicano descansa sobre la base del respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, se puede decir que las personas recluidas siguen gozando de sus derecho humanos con excepción, claro está, de su libertad personal. Por tanto, deben poder ejercer, por ejemplo, su derecho a la privacidad, a la vida familiar, a la salud, a la cultura, a la libertad de expresión o religiosa, etcétera.

Contrario a lo que resolvió el juez de distrito, las políticas de los centros de reclusión no se justifican automáticamente por el hecho de que una persona haya sido privada de la libertad. Todo lo contrario. Así lo han ido entendiendo los tribunales más influyentes del mundo, como la Corte Suprema de los Estados Unidos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un par de precedentes pioneros evidencian el nivel de protección de los derechos de los reclusos mientras jueces federales mexicanos siguen emitiendo fallos que se apartan del nuevo paradigma penitenciario nacional.1

Holt vs. Hobbs: barba de media pulgada

En enero de 2015, la Corte Suprema estadounidense estableció que un centro de reclusión en Arkansas violó la libertad religiosa de uno de sus internos al prohibirle usar una barba de media pulgada, prohibida por las políticas penitenciarias. El asunto hace referencia a Gregory Houston Holt, un recluso sentenciado a cadena perpetua por el delito de violencia doméstica.

Cuando se le negó el permiso respectivo, Holt argumentó ante una corte de distrito que las políticas del centro violaban el Religious Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000 (RLUIPA), que consagra el derecho a la libertad religiosa. La corte rechazó su demanda señalando que el solicitante podía ejercer su libertad religiosa por otros medios, y no únicamente a través del uso de una barba. Cuando una corte de apelación confirmó esta resolución, Holt presentó un recurso ante la Corte Suprema.

Parte del recurso presentado de manera manuscrita ante la Corte Suprema.
Imagen del National Constitution Center

La Corte Suprema estableció que —en principio— las políticas del centro de reclusión efectivamente obstaculizan la libertad religiosa del solicitante. Por su parte, la autoridad penitenciaria alegó que una barba de media pulgada permitiría el contrabando de navajas, jeringas, drogas y tarjetas SIM. Al respecto, el órgano jurisdiccional puso en duda que la prohibición fuera una forma efectiva de combatir este tipo de conducta, y señaló que existen otros medios menos restrictivos para contenerla, como pasar un peine por el vello facial del interno.

Otro argumento del centro penitenciario fue que el uso de una barba dificultaría la identificación del recluso; pero a la Corte no le convenció que el afeitado obligatorio fuera el medio menos invasivo para reconocer a un interno. En su lugar, precisó que se podría tomar una foto de éste con barba, y otra sin ella (dual-photo method), tal como ocurre en muchos centros de reclusión en Estados Unidos.

Finalmente, la Corte concluyó que dichas políticas, al no ser las menos restrictivas para darle satisfacción a los intereses estatales, vulneraron el RLUIPA.

Biržietis vs. Lituania: barba para el frío báltico

En mayo de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió un caso en el que determinó que un centro de reclusión en Lituania vulneró la privacidad de uno de sus internos, Rimantas Biržietis, al prohibirle dejarse crecer el vello facial.

Una vez agotados los recursos internos, Biržietis acudió al Tribunal Europeo alegando una violación al Artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Aunque el Tribunal valoró de inicio que las medidas relativas a la seguridad y prevención del delito pueden justificar ciertas restricciones de derechos, posteriormente emprendió el examen que regularmente lleva a cabo para determinar si una limitación a una libertad fundamental se encuentra justificada. Éste observa tres principios: la legalidad de la interferencia (lawfulness of the interference), su legítimo propósito (legitimate aim) y su necesidad en una sociedad democrática (necessary in a democratic society).

La legalidad de la restricción establece que ésta debe tener alguna base en el derecho doméstico, y, en el caso en cuestión, el Tribunal Europeo determinó que se cumplía este requisito al contemplarse en las reglas del centro de reclusión.

En cuanto al legítimo propósito de la interferencia, el órgano jurisdiccional puso de relieve el argumento del Estado en el sentido de que la prohibición tenía como fin mantener el orden y evitar el crimen al interior de la prisión. Sin embargo, el Tribunal Europeo no se pronunció a cabalidad sobre este punto —sólo precisó que la parte demandada no explicó cómo el uso de barba provocaría crimen y desorden, además de que el Estado no mencionó situaciones en las que dicho uso haya facilitado la comisión de delitos—, ya que considera que no se reúne el requisito relativo a que la medida sea necesaria en una sociedad democrática.

Por último, en cuanto a esta necesidad democrática, para el órgano regional el Estado no demostró que la prohibición absoluta fuera proporcional. También, que al no vedar otras formas de vello facial, como bigotes o patillas, cabía la sospecha de que la medida fuera arbitraria. Por tanto, concluyó que se violó el Artículo 8 de la Convención Europea.

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El paraguas protector que ofrecieron ambos órganos jurisdiccionales fue extenso, acorde con la idea de que los derechos fundamentales de los internos sólo pueden limitarse excepcionalmente. Llama la atención, además, el consenso amplio en ambos tribunales sobre los temas debatidos. La sentencia de la Corte Suprema se emitió de manera unánime mientras que la del Tribunal Europeo se dio por seis votos contra uno.

Estos precedentes deben servir de guía para los órganos jurisdiccionales mexicanos. Sucedió ya con la Corte Constitucional colombiana: en la acción de tutela T-077/15, e invocando la doctrina de Holt vs. Hobbs, amparó la libertad religiosa de diversos solicitantes para el efecto de “dejar crecer su barba y cabello, bajo las medidas de seguridad e higiene que [se] consideren pertinentes”.

 

Héctor Ivar Hidalgo Flores es estudiante de la maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Twitter: @_hector_hidalgo


1 Véase este otro caso en que un juez de distrito en Guanajuato negó el amparo a un interno debido a que la libertad religiosa no puede servir como pretexto para usar una barba en un centro de reclusión, ya que dicha libertad “está sujeta a las limitaciones que prescriba la norma y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, salud o la moral públicos…”; o este amparo indirecto en el que un juez de distrito en Jalisco negó el derecho a leer el libro Cincuenta sombras de Grey, lo anterior porque “esto podría desestabilizar emocionalmente al recluso”, lo que impediría supuestamente su reinserción social.