Es tiempo de campañas electorales, lo que para nosotros significa que es tiempo para exigir que los candidatos presidenciales presenten planes enfocados a los problemas que preocupan a la ciudadanía. La situación que más nos preocupa es -sin lugar a duda– la inseguridad; lo dicen las estadísticas y la opinión pública. Alrededor del 61 por ciento de la población mexicana dijo que la inseguridad era el tema más preocupante, y en algunos estados como Nuevo León y Estado de México estos porcentajes suben a más del 70 por ciento. Por ello, esperamos que, dentro de las propuestas de seguridad de los candidatos, encontremos planes concretos para distintas situaciones como altos índices de impunidad, falta del tejido social, tráfico y consumo de drogas, así como su debate regulatorio, entre otras.

Sobre esta línea de propuestas sobre seguridad, líderes de opinión han alzado la voz para solicitar que se reduzca el uso y flujo de las armas de fuego. No hay que olvidar que las armas aparecen frecuentemente en homicidios, robos, y crímenes que ya no sólo corresponden a la delincuencia organizada. Específicamente sugieren se incorporen acciones como: campañas de desarme, iniciativas para sensibilizar a la población sobre la adquisición de armas, fortalecimiento en decomisos en aduanas, supervisión de carreteras y cierre de mercados ilícitos locales.

Para construir y abonar a este tipo de iniciativas ciudadanas, me gustaría añadir que cuando se habla de la violencia asociada con armas de fuego en México, inevitablemente se tiene que considerar el papel que juega Estados Unidos en este enredo. Cifras de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) sugieren que el 70 por ciento de las armas recuperadas –y rastreadas–en México provienen de Estados Unidos. Así mismo, la producción de armas en Estados Unidos ha aumentado de forma considerable; esto junto con sus regulaciones permisivas, han convertido a este país en el principal proveedor de armas legales e ilegales, no sólo para México, sino para otros países de la región.

Expertos en el tema como Sergio Aguayo han escrito sobre las relaciones de seguridad entre México-Estados Unidos y han enfatizado la importancia de incluir el tema de las armas en la agenda de cooperación bilateral. Él mismo dice que el tema de las armas en la relación México-Estados Unidos ha estado ausente en las propuestas de los candidatos a la presidencia y que sólo se ha abordado el tema de manera general y sin acciones concretas. 

¿Qué le puede solicitar el próximo presidente de México a los Estados Unidos? Considerando los datos, y la urgencia de reducir la violencia asociada con las armas de fuego, las propuestas de los candidatos presidenciales no tienen mucho espacio para diferir sustancialmente. Estados Unidos debe estar dentro del debate de las armas de fuego y dada su corresponsabilidad se le deben exigir varias medidas para reducir el tráfico ilegal de armas.

Organizaciones en México y en Estados Unidos se han dado a la tarea de estudiar estadísticas y analizar las políticas que tienen más impacto sobre el tráfico ilegal de armas y la violencia que generan. Un reporte del Center for American Progress señala que las siguientes medidas pueden reducir significativamente el tráfico de armas desde Estados Unidos:

La implementación de la revisión de antecedes en todas las transacciones de armas: Un reporte del 2016 menciona a la transacción de armas sin revisión de antecedentes como uno de los principales mecanismos para el tráfico de armas. No es casualidad que estudios han demostrado que estados de la Unión Americana con un mayor número de gun shows -donde no se implementan este tipo de medidas- trafiquen más armas a México. El hecho de que 94 por ciento de la población en Estados Unidos este de acuerdo con esta medida podría ayudar a que tenga éxito.

Otra medida importante es penalizar las compras paja (straw purchases) que se dan cuando una persona que legalmente no puede adquirir un arma de fuego contrata a una tercera persona para que realice la compra. Este mecanismo ha sido citado como uno de los principales canales del tráfico de armas entre Estados Unidos y México. Finalmente, proponen hacer obligatorio el reportar ventas de múltiples armas largas en los 50 estados. En 2011, la ATF hizo obligatorio este tipo de reportes sólo para los estados fronterizos (California, Texas, Arizona y Nuevo México). Sin embargo, esta reglamentación debe estandarizarse para los estados restantes ya que la venta de múltiples armas largas destinadas para México también ha surgido en estados no fronterizos como Oregon.

Asimismo, cualquier petición por parte del gobierno mexicano debe de abogar por reinstaurar la prohibición de armas de asalto. No hay que olvidar que existe una fuerte correlación entra la eliminación de la prohibición de armas de asalto en Estados Unidos durante el 2004 y el surgimiento de la violencia en México. Por otra parte, México podría formar alianzas estratégicas con otros países de la región para realizar estas solicitudes. El mismo reporte del Center for American Progress, expone que, entre 2011 y 2016, 98 por ciento de las armas recuperadas en Canadá tienen como origen los Estados Unidos. Este porcentaje también es elevado en otros países. Entre 2014 y 2016, 62 por ciento de las armas recuperadas en Jamaica, 49 por ciento en El Salvador, 45 por ciento en Honduras y 29 por ciento en Guatemala se originaron en Estados Unidos. Dado que México es el principal receptor de armas de Estados Unidos, podría tomar el liderazgo y formar un frente común de países de la región.

Usemos nuestra voz. Es nuestro derecho y obligación como ciudadanos expresar nuestras preocupaciones y pedir a los candidatos que elaboren propuestas concretas para resolver la violencia que generan las armas de fuego en nuestro país. Las propuestas que esperamos no son mágicas, son políticas, son estratégicas, son acciones que ya muchos actores se han dado a la tarea de estudiar y construir. Unamos el trabajo, el esfuerzo y los recursos que ya se han invertido y pidamos que los candidatos escuchen y retomen estas iniciativas, que las hagan propias. Después de todo, ningún estudio, ningún reporte, ni toda la información tiene valor si no se le comparte y no se le da uso.

 

Eugenio Weigend es doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha enfocado sus investigaciones en seguridad pública, tráfico de armas y las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Es maestro en política pública por la Universidad de Brown y licenciado en economía por la Universidad de Monterrey. Desde enero de 2018 se desempeña como Director Asociado en el Center for American Progress.