En la primera entrega de esta serie abordé cómo el entendimiento de contexto informa la confección de una política de Justicia Transicional (JT) para confrontar, desde ese marco comparativo, algunos rasgos particulares de la situación de violencia en México. Precisamente, ante una creciente politización en la discusión en torno a los temas de impunidad y justicia –sobre los que aparentemente girará el resto de la campaña presidencial– es necesario oponer argumentos.

El innegable ensanchamiento del campo de la JT a nuevas realidades llevó a uno de los principales actores en el campo, el International Center for Transitional Justice (ICTJ), a explorar las posibilidades de emplear este tipo de mecanismos para situaciones de macro-corrupción y delincuencia organizada (DO).Esta conexión había sido antes abordada principalmente desde la perspectiva JT y desarrollo, debido a que diversos países que emergen del conflicto enfrentan amenazas como la DO, poniendo en jaque al ya frágil aparato institucional.1

Las discusiones para lidiar con la violencia e impunidad en México de forma estructural deben evolucionar a un tema de Estado. No se pueden entender los procesos de Sudáfrica y Colombia, por ejemplo, sin el rol clave de sus respectivas Cortes Constitucionales interpretando las coordenadas del modelo transicional desde un lenguaje de derechos.2

Una agenda para el debate

Con lo anterior en mente, esta segunda entrega repara en cuatro ámbitos clave que una perspectiva de JT —antes de pensar en mecanismos y diseños concretos— podría poner sobre la mesa para abordar las conexiones estructurales de la crisis de seguridad humana en el país, orientados por las finalidades que persigue la JT.

1. Ampliar la narrativa

Primero, reconocer la íntima conexión que hay entre la falta de un proceso profundo de transición democrática en el año 2000 con la estrategia de seguridad adoptada en 2006. No es ajeno un factor al otro el que no haber lidiado con los fantasmas de un pasado autoritario, haya influido posteriormente en tomar una decisión vertical y lejos del escrutinio público que caracteriza a un Estado de Derecho, para enfrentar a la delincuencia.

De manera más ambiciosa, es necesario profundizar en las condiciones sociales y económicas que sirvieron de materia prima para la escalada de violencia en el país. Cuando es concebido de esta manera, un modelo de JT opera como parte de una agenda transformativa más amplia que se beneficia de las sinergias creadas, aunque con una distribución de labores bien delimitada para evitar caer en falsos discursos y expectativas.3

2. Exponer patrones de violencia

Hacer sentido de los patrones de violencia que han caracterizado los diez años de la “guerra contra el narcotráfico”, sobre todo, visibilizando las atrocidades que han sufrido distintos grupos en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos en intersección: mujeres, migrantes, indígenas y personas en condiciones de pobreza. Hasta el momento, lo que parece haber permeado es una aproximación fragmentaria sobre estos casos.

Las estrategias de persecución en la transición, si bien enfrentan múltiples desafíos en términos de complejidad y selección de casos, capacidades, disponibilidad de recursos o evidencia, etcétera, deben tener por premisa exponer y desmantelar las estructuras criminales y redes conexas que hicieron posible la comisión de atrocidades.4

Juicios de esta naturaleza, por su propia connotación, generan la oportunidad de reestablecer la confianza en el sistema de administración de justicia y la exportación de mejores prácticas para perseguir otros delitos.

3. Motorizar a la sociedad civil

Convocar al diálogo para el diseño de una nueva estrategia.  No hay un proceso de transición que pueda reputarse exitoso sin el impulso de una pujante sociedad civil. Es ella, insisto muchas veces impulsadas por el coraje y la dignidad de las víctimas, el verdadero factor de resiliencia y protagonista en estos procesos. Su poderío no pasa solamente por la perspectiva que puedan aportar sino por el elemento de legitimidad, reconocimiento y rompimiento de marginalización que brindan. Es decir, aumentan la densidad de participación ciudadana en un tema de Estado.5

Malamud-Goti, uno de los arquitectos detrás de las Juicios de las Juntas en Argentina, razonaba los efectos devastadores que el terror puede tener en la esfera social: la brutalidad de los crímenes aísla a las personas, desarticula sus redes y poco a poco éstas pierden capacidad de movilización y resistencia.

A la inversa, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Justicia Transicional destacó, en su último reporte sobre el potencial preventivo de la sociedad civil, que datos empíricos muestran una “estrecha correlación entre una sociedad civil fuerte y autónoma y unos indicadores de derechos humanos positivos”.6 Mientras más densa, su presencia vigilante ayuda a un mejor desempeño de las instituciones.

La sociedad civil y su recuperación debe ser la idea punta de lanza en toda discusión para “re-pensar” el fenómeno de violencia en el país. Una iniciativa ya visible en la apertura de estos debates es el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática.

4. Corrupción

Como ningún otro, el tema de la corrupción ocupa el ideario colectivo; quizá por la manera en la que ofende a un país con profundas brechas de inequidad. La corrupción socava el desarrollo humano. No solo ello, como un tema estructural, afecta la confianza en las instituciones, atenta contra el ideal del Estado de Derecho y –en un factor del que empieza a tomarse cada vez más conciencia– incide directamente en la creación de violencia y conflicto.7

En diversos países la lucha para obtener justicia por la impunidad por violaciones graves a derechos humanos es inseparable de la lucha para perseguir casos de large-scale corruption.8  Nuevos mecanismos en otras latitudes, como la CICIG en Guatemala9 o la iniciativa de Túnez en la materia, están rompiendo esquemas y poniendo sobre la mesa maneras innovadoras para profundizar en esta intrínseca relación.

Exponer y romper estos patrones, tanto por su incidencia en el Estado de Derecho como por su conexión con la comisión de atrocidades podrían movilizar el apoyo y mandar un renovado mensaje contra la impunidad, más aún por el lastimoso efecto que han tenido en el tejido social.

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Desde luego, estas discusiones deben acompañarse con conocimiento técnico en otras variables y debates que son hoy ya impostergables de acuerdo al contexto particular de México. Por ejemplo, en cuanto a la persistencia del agotado régimen prohibicionista para el control de drogas. También, con el diagnóstico experto sobre factores con influencia clave en los indicadores de violencia en México: el aumento del flujo de armas ilegales al país derivado de los cambios de política para el control de armas en los Estados Unidos.10

Un aprendizaje de los esfuerzos en prevención de la violencia es que las tensiones en seguridad, justicia y económicas están profundamente relacionadas. Aproximaciones que tratan de responder únicamente desde la vía militar, únicamente desde la vía de la justicia, o únicamente desde la vía del desarrollo están condenadas al fracaso.11

Diría un célebre personaje, de apellido Churchill, que no estamos cerca del comienzo del final. En este caso, tal vez en ni siquiera es el fin del comienzo, pero podemos decididamente dar pasos hacia esa dirección.12

 

Jorge Peniche Baqueiro es miembro del Comité Ejecutivo de #PropuestaMX, integrante de Seguridad sin Guerra. Cuenta con una maestría en International Legal Studies por New York University con enfoque en Impunity, Transitional Justice and Legal Theory.


1 The rule of law and Transitional Justice in conflict and post-conflict societies, Security Council. S/2011/ 634. Para 47-48. Igualmente, Roger Duthie ha señalado que ante las limitaciones que la noción “transición” presenta para capturar los distintos tipos de violencia en los que modelos de esta naturaleza se implementan actualmente es más adecuado definir al campo en atención a los contextos con los que lidia: contextos que crean oportunidades, moldean objetivos y aportan respuestas para responder a violaciones de derechos humanos en los que se persigue, en mayor o menor medida, reconciliación, democratización, reforma de Estado de Derecho o construcción de paz. Véase: Duthie, 2017, Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies.

2 Como referencia para el caso sudafricano destaca el “Caso Azapo” (1996) y para Colombia la sentencia C-579-13 (2014) sobre el llamado Marco Jurídico para la Paz. 

3 Véase como referencia Transitional Justice and Development: making connections. ICTJ, 2009. Ed. Pablo de Greiff & Roger Duthie.

4 Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence on prosecutorial prioritization strategies.

5 Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence; Report to the General Assembly on national consultations concerning the design and implementation of transitional justice measures, A71/567.

6 Reporte del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sobre un enfoque comprehensivo para estrategias de prevención presentado en octubre de 2017, para.62.  [Disponible aquí]. Véase también Jaime Malamud-Goti, Game without End: State, Terror and the Politics of Justice 1996.

7 En efecto, el nuevo enfoque que se da a la corrupción es que en ciertos contextos puede representar una amenaza directa a la paz y a la estabilidad. Véase: United Nations Development Programme, y Peace and Corruption, 2015, Institute for Economics and Peace [Disponible aquí]

8 La corrupción masiva y las violaciones a derechos humanos, señala David Tolbert presidente del ICTJ, se refuerzan mutuamente. David Tolbert – Tunisia’s “Reconciliation Bill” Threatens Gains of the Revolution

9 Para un recuento sobre el trabajo de la Comisión Interancional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG), véase Open Society Justice Initiative – Against the Odds: CICIG in Guatemala [Disponible aquí]

10 Véase: Pérez Esparza, D., Johnson, S., and Gill, P. (2018). Why did Mexico become a violent country? The role of American firearms and other alternative hypotheses. Jill Dando Institute of Security and Crime Science, Working Paper Series. University College London (UCL). London, UK.

11 World Bank. World Development Report: Conflict, Security, and Developoment, 2011. [Disponible aquí]

12 Winston Churchill, The End of the Beginning, November 10, 1942.

13 Como referencia para el caso sudafricano destaca el “Caso Azapo” (1996) y para Colombia la sentencia C-579-13 (2014) sobre el llamado Marco Jurídico para la Paz.