El ejército mexicano desempeñó durante el siglo XIX y principios del XX un papel político muy importante en el país. Era un ejército “feudal” que respondía a líderes regionales y que era capaz de poner y quitar presidentes. Quizás los mexicanos lo hemos olvidado, porque de la institucionalización del ejército derivado de la revolución hace ya casi 100 años con las reformas de Joaquín Amaro. La última rebelión militar importante, el pronunciamiento de Gonzalo Escobar, ocurrió hace casi 88. Si bien el ejército mantuvo un papel muy importante para conservar la hegemonía priista, éste se subordinó al presidente y, por lo tanto, al partido.

La institucionalización del ejército no ocurrió de un día para otro, fue un proceso paulatino que tuvo sus momentos de tensión, especialmente, cuando los generales fueron relevados del todo en favor de políticos civiles en la década de 1940. Sin duda alguna, el periodo actual de la “guerra contra el narcotráfico” ha roto con la relación institucional “normal” entre las autoridades civiles y militares. Esto es un hecho que cambiará poco hasta que se saque al ejército de las calles y que se brinde una salida civil e institucional a la violencia actual.

Mucho se ha dicho de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que la Cámara de diputados aprobó el jueves pasado y que probablemente se aprobará este jueves en el Senado. Sin duda alguna, la arbitrariedad en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y las posibles violaciones a derechos humanos que esto conlleva serán algunos de sus efectos más importantes. No obstante, uno de los grandes riesgos de la LSI es que perpetúa un estado de excepción de facto y no presenta una alternativa real para reencauzar la normalidad democrática entre el ejército y las autoridades civiles.

Si se analiza su lenguaje y las propuestas legales, pareciera que lo que se reglamenta no son las diversas leyes que norman la seguridad nacional, sino pareciera que la reglamentación pertenece más al artículo 29 de la Constitución; es decir, regula, sin decirlo, el estado de excepción. Esto no estaría necesariamente mal: es común, e incluso deseable, que las constituciones establezcan procedimientos en caso de emergencia o afectaciones graves a la paz. Sin embargo, la excepción siempre está enmarcada en contrapesos y controles en los que el ejecutivo tiene la primicia de declararla, pero en una temporalidad muy limitada y con el control del congreso. Ambos principios están ausentes de la LSI.

La ausencia de golpes militares en México se debe, en gran parte, a dos características de su ejército: la despolitización de las fuerzas armadas y su burocratización dentro de las instituciones del régimen. La primera significó que el ejército no podía influir de manera decisiva en el proceso de toma de decisiones en la vida política del país. Por lo tanto, ningún mando militar en activo, salvo por los secretarios de defensa y de marina, podía tener un puesto político importante. La burocratización del ejército significó que las fuerzas armadas obedecieran a instituciones y no a líderes particulares y que sus acciones tendrían que enmarcarse dentro de estas instituciones. Para bien y para mal, como durante los episodios de represión del siglo anterior, el ejército se subordinó a las instituciones priistas.

La ley de seguridad interior trastoca ambos principios. Los contrapesos constitucionales cuando existe una excepción constitucional funcionan como diques y esclusas para contener el uso de la fuerza militar y para que, más importante aún, pasado el riesgo esta fuerza pueda rencausarse a la institucionalidad democrática de nuevo. La LSI reduce al mínimo estos diques al establecer la nula participación del Congreso en el control de las fuerzas federales en el combate de las “amenazas a la seguridad interior”. En vez de contrapesos efectivos, las declaratorias dependen sólo del ejecutivo federal al igual que su renovación. De esta manera, se establece una relación directa entre el ejecutivo federal y el uso legal del ejército para fines civiles.

Peor aún, la ley que se pretende aprobar al no establecer un horizonte en el que el ejército regrese a sus cuarteles legaliza su papel como protagonista en la lucha del crimen organizado. Sin una opción civil viable para reemplazar los soldados, como las distintas corporaciones policiacas, el Estado se vuelve un rehén del ejército. Precisamente, la ley de seguridad es un resultado de las presiones del ejército. Hace un año, el 8 de diciembre el General Cienfuegos urgió al Congreso a aprobar la ley y advirtió que “[n]uestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos [criminales] con el riesgo de ser procesados”.

Sin contrapesos, sin una alternativa policial y sin un control civil efectivo, nos tendremos que acostumbrar a que las fuerzas armadas serán un actor político importante que ejercerá cada vez más presión hacia las autoridades civiles. La mayor preocupación no debería ser solamente que el ejecutivo abuse del poder que le otorga la ley, que es un riesgo muy real e importante, sino que la autoridad civil se convierta en un rehén del ejército y de sus facciones como era la norma durante el siglo XIX. La relación entre las autoridades civiles y el ejército ya se encuentra trastocada. Esto es un hecho que difícilmente cambiará con una ley. Sin embargo, la responsabilidad del presidente y del congreso debería ser trazar una salida al laberinto de violencia en el que estamos inmersos hace diez años.

Carlos Monroy es maestro en política comparada por LSE y politólogo e internacionalista por el CIDE. Actualmente es asesor político en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.