Estos días se define buena parte del futuro de México.

De ocurrir como está previsto, el martes 5 de diciembre se votará en el Senado la creación de la nueva Ley de Seguridad Interior (LSI). Con ello, el PRI, el PVEM, y sus aliados en el PAN aprobarían la ley más importante de las últimas décadas.

Para sus defensores, la LSI es positiva porque “acota la operación de las Fuerzas Armadas”. Según ellos, ofrece un marco legal a quienes consideran los únicos capaces de enfrentarse a la delincuencia. Pero si la LSI es tan positiva, ¿por qué tantos ciudadanos -incluyendo el colectivo de expertos “Seguridad sin Guerra”- se oponen tan tajantemente al proyecto? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas,1 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,2 e instituciones con gran experiencia en el tema –como WOLA– han sugerido al Senado repensar este proyecto?

Una revisión del documento que habrá de votarse identifica siete riesgos que hacen a la LSI francamente inviable.

1. La LSI violaría el rol de las fuerzas armadas en una democracia. En países democráticos, la seguridad nacional es garantizada por un cuerpo militar, cuyo fin prioritario es defender la patria de una amenaza (usualmente) externa. La seguridad pública, por el contrario, implica la prevención e investigación del delito. En esta dicotomía, los soldados están entrenados para hacer uso de la fuerza letal y definitiva contra el enemigo. Esto, naturalmente, implica matar. Los policías, por el contrario, utilizan la mediación para reducir las tensiones y de-escalar el conflicto entre ciudadanos. Por ello, a diferencia de los soldados, los policías sólo contemplan el uso de la fuerza de manera proporcional, y como último recurso. De esta forma, la lógica de un soldado y un policía es opuesta. A pesar de estas dramáticas diferencias, la LSI los pone al mismo nivel, y prefiere voltear a otro lado.

2. La LSI sería jurídicamente inválida e ilegítima. Expertos legales han sugerido que la LSI terminará como un fiasco jurídico pues ésta terminará invalidándose en tribunales. Se dice que la Cámara de Diputados (donde la iniciativa de ley se aprobó en primera instancia el jueves pasado), no tiene atribuciones para legislar en la materia (Art. 73 constitucional). Otras voces sugieren que, de aprobarse, la ley será invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque viola la Constitución. Desde 2008, el Art. 21 establece explícitamente que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil.

3. La LSI pretendería regular un concepto que simplemente no existe. La LSI es caótica desde la noción misma que pretende regular. El concepto de “Seguridad Interior” simplemente no existe en el modelo jurídico mexicano, mismo que tradicionalmente contempla sólo dos opciones: el de seguridad pública y el de seguridad nacional. Así, regular un concepto que no existe complicaría la interpretación de la ley con consecuencias legales muy graves.

4. La LSI generaría un mayor caos legal que el que resuelve. El texto que se votará mañana incluye una serie de contradicciones que demuestran un debate al vapor. Una de las más evidentes es, precisamente, lo que sus defensores consideran su mayor ventaja: el procedimiento con el que el presidente de la República ordenaría la intervención de las Fuerzas Armadas. Hasta hoy, la iniciativa priísta contempla dos supuestos. En el primero, denominado “casos de no emergencia”, las Fuerzas Armadas intervendrían cuando el presidente emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a petición de los congresos estatales o gobernadores. La actuación militar ocurriría en un territorio especifico por un año, pero con posibilidad de prórroga “en casos excepcionales” (sin explicar cuáles). El segundo supuesto sugiere que, ante una “emergencia nacional”, el presidente podría también ordenar la reacción inmediata de las Fuerzas Armadas, pero sin mayor requerimiento. Entonces, ¿quién define qué es una “emergencia nacional”? Si esto le correspondería al presidente mismo, ¿Para qué contemplar el primer supuesto? ¿Para qué simular una Ley que, en esencia, no aporta beneficio regulatorio alguno?

5. La LSI expondría a México a riesgos nunca antes vistos. La LSI establece que las Fuerzas Armadas desarrollarán “actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior” (sic), haciendo uso de “cualquier método lícito de recolección de información”. Con ello, el Ejército podría intervenir comunicaciones privadas de cualquier ciudadano, sin que se establezcan controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas. Por otro lado, la LSI también podría criminalizar la protesta. Su artículo 8 indica que aquellas manifestaciones que se realicen pacíficamente no serán materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Pero ¿quién definirá qué es pacíficamente? Además, la LSI sugiere que las labores de las Fuerzas Armadas “en materia de seguridad interior” (cualquier cosa que esto sea) se equipararán a sus labores originarias de seguridad nacional. Por ende, toda la información vinculada a éstas será reservada. Con ello, estaríamos aprobando la ley más opaca que hayamos tenido en toda nuestra historia.

6. La LSI incrementaría aún más la violencia. La LSI formalizaría la estrategia de seguridad utilizada hasta hoy. Sin embargo, no existe evidencia de que ello reducirá la violencia. Por el contrario, la evidencia sugiere que mantener la estrategia actual sería una mala idea. En principio, el consumo de drogas ilícitas se ha incrementado 47% en los últimos cinco años, sólo generando impunidad y un caos penitenciario. Tampoco reduciría la violencia. Según la SEDENA, durante 2016 se realizaron 54 operativos militares con más de 52 mil elementos desplegados diariamente en el país. Si en una década éstos no lograron reducir la violencia, difícilmente lo harán en un futuro. Hoy, es casi un hecho que 2017 será el más año violento de la historia contemporánea de México. Y ante la peor crisis de inseguridad y derechos humanos, estamos en el peor escenario posible . Con la LSI “pisaríamos el acelerador” para seguir haciendo lo que ya demostró que no ha funcionado.

Los defensores de la LSI creen que son patriotas porque están protegiendo a las fuerzas armadas. Se equivocan. Un patriota exigiría policias civiles de calidad a los alcaldes, gobernadores, y al presidente mismo. También, rechazaría cualquier reforma que les permita a éstos seguir evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad y justicia.

Entre todas estas preocupaciones, sobresale sólo una ventaja: ya conocemos la postura al respecto de cada partido político. Hoy sabemos que Morena, el PRD, MC, y una parte del PAN, está en contra de aprobar la LSI. Ojalá estos riesgos motiven al PRI a repensar el rumbo.

 

David Pérez Esparza es maestro en Política Pública, maestro en Ciencias de la Seguridad, y maestro en Economía y Resolución de Conflictos. Además, se ha desempeñado como consultor e investigador en materia de seguridad y estrategia. Autor de cuatro libros, es actualmente Consejero de #PropuestaMx, asesor en reducción del delito en Reino Unido y candidato a Doctor por University College London (UCL).


1 Organización de las Naciones Unidas. (2017). Asunto: Ley de Seguridad Interior, Carta al Senado de la República. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

2 CIDH (2017). CIDH expresa preocupación por proyecto de la ley sobre seguridad interior en México. Acceso 4 de Diciembre de 2017.

3 Pérez Esparza, D. (2017). “La violencia se expande. Y ya a nadie le importa”, PolíticoMx. Consultado el 3 de Diciembre de 2017.

4 Hope, A.. (2017). “En tiempos de Peña Nieto”, Nexos. Consultado el 3 de Diciembre de 2017.