Las políticas públicas para reducir y prevenir los delitos deben diseñarse a partir de diagnósticos desde lo local, con toda la evidencia posible a nivel micro social sobre las condiciones sociales, ambientales, de percepción de seguridad, de la incidencia delictiva y sobre lo que ha funcionado en esta materia. Sin embargo, estas premisas rara vez se cumple en México.

Es muy difícil encontrar diagnósticos adecuados y ni qué decir de políticas basadas en evidencia sin información adecuadamente sistematizada a nivel local, si la policía de investigación —que depende del ministerio público estatal— poco comparte inteligencia o conocimiento con las policías municipales, y si prácticamente no existe ninguna fuente oficial a nivel local que permita a las instituciones conocer los factores de riesgo delictivo o la percepción de los habitantes de su municipio o región.

Cada municipio debería contar con información útil, periódica, georreferenciada y sistematizada de tal forma que esté enfocada en la solución de problemas de, al menos, dos fuentes (en México diremos que de tres)1: registros policiales, encuestas de victimización y percepción, y estadísticas de procuración de justicia.

En conjunto, esta información nos deberían permitir responder la mayoría de las siguientes preguntas, por mencionar algunas: ¿cuál es la incidencia delictiva del municipio, por colonia y por tipo de delito? ¿Cuáles son las tendencias de cada delito? ¿Dónde está geográficamente concentrado cada delito? ¿Cuáles son las características de la comisión de los delitos? ¿En qué horarios suceden con mayor frecuencia? ¿Cuál es la percepción de seguridad de la población? ¿Denuncian cuando son víctima de algún delito? ¿Ante qué autoridad? Y si no lo hacen, ¿por qué?¿Cuáles son las características de las víctimas de cada delito? ¿Hay algún factor de riesgo que esté correlacionado con la comisión de uno o más delitos?

Si sólo podemos responder una o dos preguntas, entonces significa que no contamos con la información necesaria para desarrollar políticas públicas eficaces y que las acciones tomadas para prevenir o reducir en crimen son solo intuiciones y ocurrencias.

Tómese dos minutos, querido lector, para tratar de recordar e identificar las fuentes en México, que podrían contar con información suficiente y completa que den respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Si está usted relacionado de alguna forma con el tema de seguridad, seguramente pensó en las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica (SESNSP) o la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. Quizá conozca algún municipio cuya policía no solo sistematice esta información, sino que la utilice para trabajar y además la comparta con la policía e investigación de su entidad. Pero es muy probable también que sepa que todas esas fuentes tienen alguna falla, no tienen información a nivel colonia, no permite generar información por caso, no es periódica, o la metodología de sus sistematización es dudosa.

La ENVIPE es quizá el instrumento oficial que cada año entrega la información más útil a los investigadores y tomadores de decisiones en materia de seguridad. No solo permite estimar las tasas de incidencia y prevalencia delictiva, si no calcular la cifra negra, medir la percepción de seguridad y el nivel de confianza en las autoridades y realizar una aproximación general de las características de las víctimas, victimarios y delitos. Desde de 2016, ya no sólo proporciona estimaciones a nivel estatal, sino también provee estimaciones para algunas variables en 34 zonas metropolitanas o ciudades, lo que es, sin duda, fundamental para observar que pasa a nivel local en las zonas más importantes del país. Sin embargo, todavía hace falta mucho por hacer para contar con información más precisa en muchas ciudades del país.

Precisamente por lo anterior, el Observatorio Nacional Ciudadano –en conjunto con algunos observatorios locales miembros de la Red Nacional de Observatorios y el financiamiento de la Iniciativa Mérida a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) del Departamento de Estado Norteamericano– unieron esfuerzos para diseñar e implementar encuestas de victimización a nivel local en seis estados de la República: Chiapas, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Michoacán y Sonora. El objetivo, en esta primera versión fue identificar la incidencia y prevalencia de delitos como el robo total y parcial de vehículo, el robo en el transporte y la vía pública, el robo a casa habitación, las lesiones y extorsión; el tamaño de la cifra negra; las razones de la no denuncia; algunas actitudes del Ministerio Público al momento de recibir y dar continuidad a la denuncia; la percepción de seguridad; la confianza en las instituciones y la dinámica social.

Antes de hablar de los resultados es importante resaltar el camino para lograr el levantamiento de esta primera encuesta de victimización, percepción y cultura de la legalidad que es comparable: cualquier organización puede replicar este modelo y contribuir a construir una red de información sobre victimización y percepción a nivel municipal de tal forma que los costos se distribuyen y se hacen accesibles. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y el trabajo colaborativo de observatorios miembros de la Red Nacional de Observatorios y el financiamiento de INL utilizado dentro del proyecto “Fiscalías, Procuradurías y Sociedad Civil trabajando en conjunto por la cultura de la legalidad”.

En primer lugar, el diseño de la muestra base y la primera versión del cuestionario fue una donación que el Observatorio Ciudadano de Gobernanza y Seguridad de Delicias, Chihuahua, hizo a la Red. Posteriormente, el Observatorio Nacional desarrolló el modelo y el instrumento electrónico para el levantamiento del cuestionario, así como el ajuste de la muestra para cada uno de los municipios. Finalmente, los observatorios ciudadanos de Chiapas, Veracruz, Morelos, Michoacán y Sonora fueron fundamentales para coordinar la logística y la coordinación de la implementación del cuestionario, el procesamiento de la información y redacción del reporte a partir de su conocimiento sobre el contexto local de los municipios.

En esta primera versión, la encuesta permite estimar los resultados en las zonas urbanas de algunos de los municipios más poblados de cada entidad participante y entender detalles sobre el tamaño de la victimización y percepción de seguridad a nivel municipal. En la siguiente entrega, presentaré y discutiré los resultados de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Resalta que aun cuando Chiapas fue en 2016 el segundo estado con menor tasa de incidencia delictiva y tiene un porcentaje de percepción de inseguridad muy por debajo que el nacional de acuerdo con ENVIPE 2017, la realidad de sus municipios más poblados es muy diferente, lo que implica que las autoridades deben desarrollar estrategias de prevención y reducción (y comunicación) diferenciadas. Desde lo local.

Leonel Fernández Novelo es Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el Observatorio Nacional Ciudadano. Se especializa en estadística criminal, prevención del delito y participación ciudadana.


1 La discusión sobre nuestro sistema de dos pasos para reportar delitos y generar información es materia para otra entrada. Por lo pronto, cabe decir que tanto las policías, como los ministerios públicos reciben algún tipo de reporte o denuncia y ambos generan diferentes tipos de información que no siempre está relacionada.