Septiembre fue un mes particularmente desafiante para las zonas Centro y Sur de nuestro país y en particular para el gobierno federal y los gobiernos locales que han sido afectados por los acontecimientos recientes. En poco tiempo, las capacidades del Estado para responder a las necesidades de una población que experimenta no uno, sino dos importantes desastres se han puesto a prueba en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.1

El 7 de septiembre a las 23:49 horas se registró un sismo de magnitud 8.2 en el suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El movimiento telúrico, considerado el de mayor magnitud en el último siglo, activó un importante número de aparatos del Estado para responder a la emergencia, particularmente en las zonas más dañadas por el sismo en Chiapas y Oaxaca. En estas entidades sureñas, el Ejército desplegó sus tropas hacia las comunidades afectadas para implementar las acciones de auxilio. En este desastre, como en otras emergencias, esta institución fue un actor central que brindó asistencia directa e inmediata.

Doce días más tarde, el 19 de septiembre se produjo un nuevo sismo entre la frontera de Puebla y Morelos, ahora de magnitud 7.1. La corta distancia del epicentro con la Ciudad de México diferenció el impacto entre los terremotos acontecidos el 7 y el 19 de septiembre. Este segundo sismo trastocó no sólo las capas del subsuelo de estos estados y de la Ciudad de México, sino toda la estructura y capacidades instaladas de los gobiernos en los estados afectados.

Ante la magnitud de estos eventos surgen algunas interrogantes relativas al papel de nuestras instituciones de seguridad –en particular de la policía–, en situaciones de emergencia. El primer cuestionamiento que surge, una vez pasada la emergencia, es ¿existe algún programa de política pública que defina lo que le corresponde hacer a cada sector o institución pública en situaciones de desastre? En particular, ¿qué acciones debe desempeñar la policía durante una emergencia o un desastre?

La búsqueda de respuestas a estas inquietudes dio como resultado los siguientes instrumentos: el Programa Nacional de Protección Civil,2 2014-2018 (PNPC)3 el Plan Nacional de Respuesta Mx de la Administración Pública Federal (PNR)4 y, derivado de éste, los Planes de Marina5 y el DN-III-N.6 Entre las principales acciones previstas en el PNR7 es posible identificar operaciones en las que la policía puede participar como agente facilitador. En este sentido, la participación que socializa el gobierno federal respecto a la Policía Federal refiere acciones de rescate y apoyo a la población. Como parte del PNR, sus funciones comprenden la búsqueda; localización; rescate y auxilio a la población; atención médica y prehospitalaria, así como previsión de servicios sanitarios; seguridad, restablecimiento del orden público y protección de la propiedad privada; apoyo para el traslado de personas damnificadas mediante puentes aéreos y colaboración para brindar refugios temporales; acopio y entrega de víveres e integración de grupos de trabajo para remoción de escombros; reconstrucción; limpieza y recuperación de espacios públicos.

En estos días aciagos y profundamente dolorosos hemos visto a la Policía de la Ciudad de México relevando a la Marina y al Ejército en los cercos de seguridad que vigilan los edificios colapsados, abriendo paso a los convoyes de rescatistas y brigadistas, a las ambulancias y a los peatones, motociclistas y ciclistas sumados a las brigadas de apoyo, como tareas adicionales a las que ya realizan.

Después de enunciar las herramientas de planeación en situación de desastre, un hallazgo interesante convoca a una reflexión sobre las acciones en las que la policía puede participar en estos casos. Un artículo en el Journal of International Criminal Justice Research analiza las actividades de la policía japonesa en el gran terremoto del Este de Japón en 2011,8 y su incidencia en acciones de prevención del delito, rescate, identificación de cadáveres, y apoyo a víctimas, todo ello sustentado en una Ley Orgánica de Medidas de Control de Desastres.

El artículo subraya el importante papel de la policía en la evacuación y transporte de residentes tanto en las zonas costeras, como en las inmediaciones de la central termoeléctrica de Fukushima, y en el auxilio de algunas poblaciones vulnerables, como el traslado de los residentes de asilos y pacientes hospitalarios hacia los refugios. Una mención aparte refiere la diligencia en las acciones de comunicación radial de la policía para coordinar esfuerzos dictados desde la oficina del Primer Ministro hacia los gobiernos locales, dada la caída de los sistemas de comunicación telefónica, celular e internet.

Como parte de las acciones de búsqueda y rescate, la policía nipona accedió a edificios en colaboración con el cuerpo de bomberos y rescatistas9 para auxiliar a personas atrapadas, colaborando en el rescate de 3,750 víctimas. Por otro lado, la policía estuvo a cargo de todo el proceso de identificación de cuerpos, de dictaminar las causas de muerte, así como de la identificación y entrega de cuerpos a los deudos o de su resguardo. En la atención a víctimas, las áreas especializadas participaron visitando los albergues para brindar asistencia psicológica y servicios de información que redujeran la carga de la población damnificada. El área de comunicación social de la policía también participó solicitando apoyo y amonestando a usuarios que propagaban noticias falsas y rumores.

Además, con la finalidad de prevenir actos delictivos, el operativo policial convocó a distintas comisarías policiales para fortalecer el control de determinados delitos en las áreas de emergencia y en la zona de refugios. En este sentido, aunque es común que después de un desastre se incremente la incidencia delictiva en las zonas de emergencia, este no fue el caso de Japón. Una de las conclusiones del análisis citado apunta que el fortalecimiento del sentido de solidaridad y la provisión de enseres básicos tuvieron dicho impacto en el fenómeno delictivo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en situaciones de desastre hay delitos que no se denuncian, ni registran, por lo que las dudas sobre la confiabilidad de los reportes delictivos son naturales en situaciones de esta naturaleza.

Ante esto, es necesario considerar acciones y esfuerzos adicionales para reducir la ocurrencia de fenómenos que alteren el orden, la seguridad y la integridad de las poblaciones damnificadas por los terremotos de septiembre pasado. En nuestro caso, cabría la previsión de fortalecer la vigilancia policial en los perímetros siniestrados para prevenir saqueos y delitos oportunistas.

Después de toda esta revisión ¿qué plantean y qué hacen nuestras instituciones policiales, desde la federación y desde los gobiernos locales para reducir los riesgos delictivos en las poblaciones afectadas? Es importante cuestionar a las autoridades correspondientes al respecto.

Los sismos nos han dejado enseñanzas que deben tomarse en cuenta para incorporarlos en los manuales de actuación y en protocolos policiales que permitan sumar a la Policía a la atención de emergencias y contribuir de manera efectiva a la seguridad de la ciudadanía. En especial en estas circunstancias de desasosiego, incertidumbre e inseguridad en su sentido más amplio.

Antia Mendoza Bautista tiene estudios de Psicología por la Universidad de las Américas-Puebla y de Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es especialista en temas de seguridad ciudadana, en prevención de la violencia con énfasis en violencia de género y en modelos victimológicos. 


1 De acuerdo con el CENAPRED un desastre es un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la población, o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad afectando, el funcionamiento vital de la misma.
2 Programa a cargo de la Secretaría de Gobernación que hace parte del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
3 El análisis diagnóstico del PNPC destaca la necesidad imperativa de contar con el Atlas Nacional de Riesgo, que oriente la toma de decisiones en situaciones de desastre, sin embargo, lo reporta desactualizado e inocuo para la identificación de las zonas de mayor riesgo. Se desconoce si la herramienta ha sido actualizada en estos años o si se ha utilizado en alguna emergencia reciente. El PNPC también plantea entre sus líneas de acción un modelo unificado de administración de emergencias y desastres, sería muy importante conocer el estatus de dicha acción, dadas las recientes circunstancias esta herramienta podría haber sido de gran utilidad.  Finalmente, el Programa hace referencia a la participación de Ejército, pero no existe una sola alusión al papel que debe realizar la Policía en situaciones de esta naturaleza en un marco de coordinación y colaboración.
4 Es un instrmento técnico operativo para articular la acción del Estado Mexicano en materia de protección civil, que incorpora y alinea los planes de respuesta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
5 La misión del Plan Marina es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, actuando por sí o conjuntamente con el ejército, fuerza aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, sector social y privado, con el fin de aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presenten en contra de la población y sus propiedades.
6 Es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.
7 El PNR plantea entre sus principales acciones el monitoreo de amenazas y de avisos; la movilización y/o evacuación preventiva o de reacción; habilitación y organización de refugios temporales; la ejecución de planes de continuidad operativa y mitigación de peligros presentes o potenciales; la realización de operaciones de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia; prestación de servicios sanitarios y de salud (incluidos los primeros auxilios y el apoyo psicosocial); la instalación de centros de comando en sitio para reforzar la vigencia de las medidas de seguridad, y en su caso coordinar la implementación de perímetros de seguridad; el establecimiento de rutas de evacuación; la suspensión de actividades; actividades de búsqueda, rescate y auxilio.
8 Yasuda, T., Takayama, Y. y Soma, K. Activities of Japanese police in the Great East Japan Earthquake, pp. 18.
9 Artículo 6 de la Ley de Ejecución de Funciones Policiales de Japón.