Después de un par de años en los bordes de la discusión pública, la Fiscalía General de la República es por fin un tema central de nuevo, lo que es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la discusión llega apenas a tiempo: falta resolver prácticamente todos los detalles sobre cómo funcionará, así que no queda tiempo que perder. La mala noticia es que falta aún resolver prácticamente todos los detalles sobre cómo funcionará la Fiscalía.

Conforme avanza la discusión, queda claro que incluso los pocos acuerdos que había se han diluido en el preámbulo del proceso electoral de 2018: el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República y la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de ésta a la Fiscalía General–aprobados por abrumadora mayoría hace poco más de tres años —son cuestionados ahora por muchos de quienes votaron por ambos. La designación de los fiscales especializados en delitos electorales y corrupción, que debió realizarse hace años también, quedó en el limbo y ahora es objeto también de una controversia que hubiera sido útil dirimir en su momento.

Estamos, pues, peor que cuando comenzamos. Como otras tantas propuestas en materia de seguridad y justicia que han surgido en los últimos años, el proyecto del Ministerio Público autónomo está atrapado entre expectativas imposibles y cálculos de conveniencia política sin fundamento técnico. Es tiempo de sacarlo de allí. Rescatar el proyecto de la Fiscalía General de la República y transformarlo en algo que tenga sentido no será fácil, pero hay tres pasos concretos que se pueden tomar y que podrían tener un impacto muy positivo sobre la discusión de otras propuestas en materia de seguridad y justicia que también se encuentran en el limbo.

El primero es reconocer que apostar por una hoja en blanco, un comienzo de cero en materia de procuración de justicia, es simplemente imposible. La experiencia de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país durante los últimos 20 años demuestra que es extraordinariamente complejo y costoso reclutar y entrenar a miles de nuevos funcionarios públicos, que el proceso lleva tiempo y que no está exento de problemas y errores graves. Y lo que es más importante, asumir que el problema son las personas y no los controles y procesos institucionales es un error de fondo: el diseño y aplicación de las reglas importan, y mucho. Los mejores funcionarios que uno pueda encontrar no tienen oportunidad si la institución para la que trabajan no tiene un diseño adecuado.

Es posible argumentar que hay funcionarios que no deben hacer la transición a la Fiscalía—y es incluso posible que haya quien pueda diseñar un mecanismo justo y expedito para identificarlos, aunque no se avista ningún indicio de ello aún—pero desestimar de entrada a todos los funcionarios de la PGR no solamente es discriminatorio: es contraproducente.

Es necesario recobrar el consenso básico de que cualquiera que sea la forma que habrá de tomar la Fiscalía, habrá de aprovechar—o lidiar, si se prefiere, es prácticamente una discusión semántica en este contexto—con la herencia humana e institucional de su predecesora. El nuevo diseño de la Fiscalía General debe ser capaz de modernizarse y actualizarse con base en lo que ya existe y, sobre todo, irse ajustando con el tiempo. Abandonar la idea de una tabula rasa para la Fiscalía abre la posibilidad de pensar en un proceso orgánico y permanente de reforma y ajuste, lo que es un requisito esencial en un proyecto de esta envergadura.

El segundo paso está relacionado con el primero. Ya existe un acuerdo básico, aunque político, de que no puede haber un “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía. Pero este acuerdo es fundamentalmente vacío si no se le reemplaza con un mecanismo para designar al nuevo Fiscal General que tenga una mínima legitimidad política. Y para que este mecanismo tenga sentido, debe considerar de entrada el balance de fuerzas que existe en el país; es decir, debe basarse en una negociación política efectiva que ha estado notablemente ausente en el proceso.

A nadie se le escapa que la designación conlleva, en esencia, un cálculo político sobre las lealtades del Fiscal y las implicaciones transexenales de su nombramiento: es parte del diseño mismo de una fiscalía autónoma. Es un problema ahora, lo será en el futuro y resulta inescapable, pero también representa una oportunidad, ya que si el Presidente y el Senado logran establecer tal mecanismo, aunque no logre el consenso de todas las fuerzas políticas—requisito innecesario y demasiado oneroso hacia el futuro—se estarán sentando bases más firmes no sólo para designaciones futuras, sino para que puedan ejercer una mejor supervisión sobre el desempeño del Fiscal. Éste es el momento para definir las reglas políticas de la designación y remoción del Fiscal, mismas que, junto con la Constitución, las leyes y el control jurisdiccional, son indispensables para garantizar que una fiscalía autónoma se mantenga en curso. La relación institucional, política y operativa del Ejecutivo y el Legislativo con el futuro Fiscal General, más allá de las lealtades o cualidades personales de éste, se define ahora.

El tercer y último paso es quizá el más complejo de todos. Como ya dije, la discusión está plagada de mitos sobre lo que hará la Fiscalía y esto se debe a que, en términos reales, hay muy poca información sobre la operatividad de la PGR y menos información aún que permita evaluar su desempeño. La mayoría de las propuestas y posicionamientos recurren a estadísticas nacionales sobre impunidad, falta de confianza en el Ministerio Público, victimización e incidencia delictiva. En estos temas la Procuraduría tiene y la eventual Fiscalía tendrá, en el mejor de los casos, un impacto mínimo, porque le corresponden mayormente a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas—y las estadísticas sobre la gestión de asuntos al interior de la Procuraduría son, en el mejor de los casos, engañosas. Tenemos entonces que la discusión sobre los vicios y fortalezas de la actual Procuraduría y la eventual Fiscalía transcurre en gran medida a ciegas, situación que es responsabilidad de la institución. Es el momento de que el Ejecutivo federal asuma una posición de liderazgo en el debate proporcionando la información y los argumentos que tiene de manera abierta y decidida. No habrá verdadera legitimidad en el proceso sin ella.

Si la idea de una Fiscalía autónoma y con escasos controles externos era de sí preocupante, la falta de un consenso mínimo sobre cómo debe funcionar y sobre los problemas que supuestamente va a resolver, es aterradora. Sin embargo, en lugar de un proyecto técnico sólido que cuente con suficiente legitimidad política y el mínimo apoyo legislativo para implementarse en tiempo y forma, la Fiscalía está trabada de regreso en una discusión repleta de retórica y posicionamientos para la tribuna, plagada de mitos sobre lo que la autonomía podría significar en la práctica. Es hora de rescatar el proyecto del fiasco en el que amenaza convertirse. Es tiempo de demostrar liderazgo político.

Jaime López-Aranda Trewartha es especialista en seguridad y justicia. Es miembro del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tamaulipas. Fue titular del Centro Nacional de Información del SESNSP y Asesor del Comisionado General de la Policía Federal.