Orden, soberanía(s) y violencia en México. Otra propuesta

Durante 2020, los análisis acerca de la violencia y la criminalidad estuvieron marcados por el covid-19 y una frase: el “efecto del covid sobre el crimen organizado”.

La conclusión más difundida es que la pandemia provoca una doble dinámica simultánea de retiro del Estado y expansión del “crimen organizado”. Así, sobretodo en América Latina, se promueve una concepción de las relaciones entre crimen y autoridad pública como un juego de suma cero: la ganancia de uno implica la derrota absoluta del otro.

Desgraciadamente la realidad social no responde a semejante verdad matemática y propongo discutirlo a través de cuestiones de orden, soberanía y poder en México. Busco mostrar que las “relaciones político-criminales” —usando un término genérico— funcionan a través de interacciones inestables y a veces violentas, pero constantes, entre múltiples actores públicos y privados, sin que esto lleve a la captura, el debilitamiento o el fracaso del Estado. Al contrario, observo múltiples soberanías superpuestas que colaboran y compiten en un mismo territorio, a partir de la escala local.¹

Ilustración: Estelí Meza

Orden no implica paz

Propongo cinco ideas para iniciar la discusión.

La primera es que existen órdenes sociales violentos. Suena paradójico, pero el orden puede construirse a través de la regulación –y no la desaparición– del uso de la violencia por múltiples actores.² En este caso, la palabra “orden”  puede entenderse como el conjunto de reglas que rigen las modalidades del uso de la violencia, así como del poder y la autoridad, particularmente a nivel local.

La segunda es que la teoría de Max Weber acerca del Estado como garante del monopolio de la violencia legítima no nos ayuda a entender plenamente las dinámicas de violencia en México. Es más, resulta importante entender que no solamente el Estado no monopoliza la violencia, sino que nunca buscó hacerlo, y que no necesariamente importa.

La tercera es que las autoridades públicas son partícipes de los órdenes sociales violentos. Es más, son juez y parte, tanto de la definición de las reglas como del uso de la violencia.

La cuarta es que el poder del Estado no es perfecto ni absoluto en tiempo y espacio. Al contrario de los conceptos de democracia “débil” o de Estado “fallido”, decenas de trabajos académicos han mostrado que los “órdenes violentos” no provocan el quiebre del Estado, sino una redefinición de su papel dentro de la regulación del uso de la violencia, en relación con una multitud de actores.³

El último punto es fundamental. Hay que abandonar la concepción de las relaciones político-criminales como procesos de dominación absoluta. Desde mi propuesta, se entienden mejor a través de lo que Norberto Elías llama “configuraciones”: redes de interdependencias marcadas por (des)equilibrios, colaboraciones y conflictos constantes.

A partir de estas ideas, mi argumento central es que en México los actores violentos no buscan derrocar el sistema político, sino obtener o conservar una posición ventajosa dentro de él. Por ende, postulo que existen decenas de configuraciones locales de violencia, conformadas por redes que permiten a actores violentos interactuar con las autoridades públicas, y viceversa.⁴

Caleidoscopios de soberanías

En este contexto, las categorías de buenos y malos, legítimos e ilegítimos, legales e ilegales, son inestables. En muchos casos el narcoo el criminal (el actor violento, para decirlo más neutralmente)es también cacique, líder político, policía, militar, gobernador, presidente municipal, regidor o empresario. Entonces lo importante es analizar los cambios perpetuos de alianzas y jerarquías para entender cómo se construye el poder dentro de espacios controlados por autoridades o lo que llamaré “soberanos de facto”, definidos por su capacidad de gobernar, castigar y disciplinar poblaciones dentro del territorio nacional.⁵

El error sería considerar que el poder de estos soberanos se construye en contra de las autoridades públicas, y no en articulación con ellas. En México, los soberanos públicos y privados no solo se mueven dentro de un mismo territorio, conformando así capas de soberanía superpuestas, sino que la presencia de uno no implica necesariamente la desaparición del otro. De ahí que narcos, empresarios y autoridades públicas, por ejemplo, puedan convivir, colaborar y enfrentarse según las configuraciones, dentro de lo que llamo un “mil-hojas de soberanías”.

Desde luego, observar México es como mirar dentro de un caleidoscopio en el cual se mueven decenas de soberanos y en el cual la violencia, legítima o ilegitima, no es una anomalía sino un recurso político. Una herramienta que permite obtener o conservar una posición de poder frente a competidores que no buscan derrocar el sistema sino abrirse un espacio dentro del juego político, en contacto con autoridades públicas. Así, los “soberanos de facto” se construyen dentro de las fronteras nacionales, en colaboración, a pesar y en contra del Estado.

Retomando la idea del no-monopolio de la violencia, el papel de las autoridades públicas en estos procesos es múltiple. Lo que buscan las autoridades son intermediarios confiables, a pesar de que sean actores violentos o criminales. Aquí, la colaboración entre el gobierno federal y las autodefensas de Michoacán entre 2013 y 2015 fue un ejemplo paradigmático de gobernanza a través de grupos privados violentos, durante el cual el gobierno federal no buscó imponerse como único soberano sino reorganizar las configuraciones locales de poder con aliados locales.

Para decirlo en pocas palabras, en México el Estado no impide el juego violento, puede participar en él de forma activa, y sobretodo busca establecerse como el arbitro capaz de sancionar los actores con los cuales interactúa. El problema, como hemos señalado, es que las interacciones son inestables y sus quiebres suelen dar lugar a más violencia.

Conclusión

En el contexto mexicano, entonces, las crisis no surgen de la presencia de soberanías informales a nivel local : siempre estuvieron y son parte del funcionamiento del Estado. Creo que el punto fundamental yace en la centralidad de la violencia como modalidad de acceso al poder. De ahí que los conflictos se arreglen a través de practicas de violencia cada vez más extremas, incluso por parte de las fuerzas públicas. El objetivo ya no es únicamente ganar una mejor posición dentro del juego político, sino obtener la máxima dominación aunque implique aniquilar a sus adversarios y sus apoyos, por ejemplo a través del amedrentamiento, el desplazamiento o la masacre de poblaciones. Para entender la complejidad de estas dinámicas, y poder imaginar soluciones, urge acercarnos a las dinámicas de violencia desde lo local.

Romain Le Cour Grandmaison
doctor de la Universidad de la Sorbona, Paris-1. Cofundador de Noria Research y coordinador del Programa para México y América Central. Twitter: @romainlecour.

¹ Estas hipótesis provienen de mi trabajo de doctorado, así como del trabajo de campo que conduzco en Michoacán y Guerrero desde 2012. Dicho trabajo se funda en una extensa bibliografía que no cabe aquí. Citaré algunas referencias centrales en este texto.

² Ver los trabajos de Jean y John Comaroff.

³ En México, ver los trabajos de Salvador Maldonado Aranda.

⁴ Ver los trabajos de Desmond Arias.

⁵ Estas expresiones provienen del trabajo de Thomas Blom Hansen y Finn Stepputat, particularmente en su libro: Sovereign Bodies. Citizens, Migrants and States in the Postcolonial World, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2005.