El conteo

El año 2019 ya tiene sus primeras cifras oficiales sobre el homicidio en México. De acuerdo con la última actualización de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que provienen de las fiscalías y procuradurías de justicia estatales, se registraron 35 588 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en carpetas de investigación (CI) iniciadas en todo el país. Esta cifra es 2.69 % superior a la de 2018 (34 655 víctimas). Este dato, por un lado, indica que nos encontramos ante un fenómeno que sigue en crecimiento pero también acredita una desaceleración del mismo a partir del segundo semestre de 2018.1

Asimismo, el pasado 28 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 17 198 homicidios registrados durante el primer semestre de 2019. Esto, con base en un análisis preliminar de los registros administrativos (certificados y actas de defunción), que confirma una evolución semestral en desaceleración.

Los datos muestran que la violencia homicida y feminicida se mantiene como un fenómeno sumamente concentrado espacialmente. Siete municipios promediaron más de una CI iniciada por día durante 2019 por delitos de homicidio doloso y feminicidio. En total, estos sumaron 5 591 (el 18 %) de las 30 377 CI iniciadas por estos dos delitos en todo el país:

CI iniciadas por homicidio doloso y feminicidio durante el año 2019
Fuente: SESNSP

Municipio

CI iniciadas

Población estimada

Tijuana (Baja California)

2 011

1 763 197

Juárez (Chihuahua)

1 293

1 455 923

Acapulco de Juárez (Guerrero)

600

837 914

Culiacán (Sinaloa)

472

955 340

León (Guanajuato)

457

1 663 404

Guadalajara (Jalisco)

382

1 500 273

Benito Juárez (Quintana Roo)

376

825 647

 

Mientras tanto, 811 municipios no reportaron ningún asesinato durante el año y el 80 % de los municipios no rebasó los ocho casos.

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030.

En el Atlas de homicidios: México 2018 publicado por México Unido Contra la Delincuencia, encontramos que la violencia letal tenía un instrumento predilecto para su ejecución: las armas de fuego. Para dicho año, seis de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres habían sido asesinados a través de este medio. Los datos del SESNSP para el año 2019 confirman que nos encontramos ante un fenómeno que ha crecido durante los últimos años y nos obligan a reflexionar sobre la falta de control que prevalece en el país sobre objetos cuya función primaria es causar la muerte:

Víctimas de homicidio doloso y feminicidio por arma de fuego
Fuente: SESNSP

Año de registro

Total de víctimas (a)

Víctimas por arma de fuego (b)

Porcentaje (b/a)

2019

35 588

24 638

69 %

2018

34 655

24 141

70 %

2017

29 636

20 161

68 %

2016

23 187

14 434

62 %

2015

18 312

10 516

57 %

 

Sin embargo, la forma en que las personas son asesinadas, los grupos poblacionales más afectados, así como los espacios de mayor riesgo (la vía pública, vivienda particular o comercio, por mencionar algunas categorías) varían significativamente según los estados, municipios e incluso barrios o comunidades. Por ello, resulta imprescindible generar conocimiento a nivel local si se pretende elaborar estrategias de prevención y atención de la violencia que den resultados.

El relato

Los números son fríos y no dan cuenta de la tragedia que conlleva cada muerte violenta, de modo que los relatos son primordiales porque transmiten, además de información objetiva, emociones. El año pasado, entre las más de 35 000 víctimas reportadas por las autoridades, se publicaron notas sobre el asesinato de un “presunto sicario en Rio Verde”, la estrangulación de “Dulce (…) a un año de casarse en Edomex” o la muerte de “dos indigentes calcinados en Parque Lira”, entre muchas otras. Las especificaciones y adjetivos utilizados para describir los sucesos y las personas asesinadas (por parte de medios, autoridades o testigos) conllevan mensajes subyacentes que afectan la forma en que las personas ajenas al caso los perciben, su grado de empatía hacia las víctimas y por ende los incentivos que tienen las autoridades en el proceso de procuración e impartición de justicia.

Ilustración: Patricio Betteo

En un análisis comparado sobre los servicios de asistencia y protección a víctimas en Suecia y Serbia, Lindgren & Nikolić-Ristanović (2011) examinaron distintos perfiles de víctimas y encontraron que el trato recibido por parte de las instituciones y actores encargados de atenderlas (agentes del Ministerio Público, defensores públicos, Jueces o compañías de seguros, por ejemplo) varía según la forma subjetiva en la que se les percibió: víctimas “cómplices” (cuyo comportamiento es reprensible), “pasivas” (que no se defendieron lo suficiente frente a su agresor), “resistentes” (que se rehúsan a cooperar con las autoridades) o “ideales”. El concepto de víctima “ideal” fue definido por Christie (1986) como el tipo de persona agredida que generaría más empatía: “una anciana que, regresando a su casa a mediodía después de cuidar a su hermana enferma, es golpeada en la cabeza por un hombre grande que agarra su bolso y usa el dinero para comprar drogas”. Asimismo, el sociólogo noruego afirma que una víctima “ideal” reúne al menos seis características:

• Ser débil,

• Tener una actividad respetable,

• Ser agredida mientras efectuaba una acción libre de cualquier reproche,

• Ser dominada por su agresor,

• Desconocer y no mantener ningún tipo de relación con su agresor,

• Tener suficiente influencia para reivindicar su estatuto de víctima ante la sociedad y las autoridades.

 

Al contrario, la agresión de una mujer por su pareja, de una persona que vive en la calle o de un hombre joven descrito como presunto delincuente, suelen no generar el mismo grado de empatía y dar pie a una atención deficiente del caso por parte de las autoridades.

En un contexto en el que, por su recurrencia, la violencia homicida y feminicida parece ya no sorprender ni indignar, el peso de las palabras y la responsabilidad de quien las usa no deben de ser evadidos. No es inocente que las autoridades (de todos los partidos políticos y sexenios) se refieran a “enfrentamientos entre criminales” para describir homicidios de civiles. ¿A quién le importa si “se matan entre ellos”? La responsabilidad no es de nadie. El filósofo Emmanuel Levinas escribió que matar, es destruir, es hacer que un ser vivo y mortal pase al estado de cadáver, es decir de cosa”.2 En este sentido, el relato que niega la calidad de víctima también destruye y hace que el crimen pase a ser un caso más, uno que no amerita justicia.

A modo de conclusión

Los retos para el año 2020 son enormes en materia de seguridad y justicia. Reducir los niveles de violencia requerirá profundizar el conocimiento de las dinámicas locales, pensar a largo plazo, coordinar las diferentes iniciativas que obran por la paz y seguir consolidando el sistema de justicia penal. Un camino que tampoco podrá dejar de lado el derecho a la verdad de las víctimas indirectas de homicidio y de quienes todavía buscan a sus seres cercanos desaparecidos. Finalmente, la palabra pública no deberá caer en la simplificación excesiva de los fenómenos violentos que nos aquejan, so pena de abonar a la desresponsibilización de quienes tienen la responsabilidad de prevenirlos y atenderlos.

 

Paul Frissard Martínez
Coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido Contra la Delincuencia. Licenciado en ciencias políticas y maestro en economía y políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Francia). Ha colaborado con el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil) y se ha desempeñado como consultor de la Unidad de Justicia de la OCDE.


1 La curva que representa la media móvil simple de las víctimas de homicidios doloso y feminicidio (calculada con n=12) tiene un punto de inflexión (cambio de convexidad a concavidad de la curva) en septiembre de 2018.

2 Emmanuel Levinas (1971), Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad.