Para algunos era previsible; a otras nos tomó por sorpresa. En momentos en los que la inseguridad es el mayor de los problemas en México, el acuerdo1 que aprobaron los gobernadores, la gobernadora y la Jefa de Gobierno en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en julio pasado para que en 2020 la mitad de los recursos que la federación transfiere a los municipios por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) —poco más de 43 000 millones de pesos— no se ve reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobó el Poder Legislativo para este año. Ven el temblor y no se hincan.

Cada año, la mayoría de los municipios incumple con su obligación de proveer debidamente el servicio de seguridad pública y a la luz de los hechos antes descritos, existen pocos elementos que apunten a que la situación cambiará en 2020. Pero, ¿por qué es posible esto?

Ilustración: Víctor Solís

Para responder esta pregunta hay que dar un paso atrás y enfocarnos un momento en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que norma, entre otras cosas, la distribución de los recursos la federación a las entidades y municipios. Esta legislación establece que los recursos Fortamun se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de (…) agua, descargas de aguas residuales, a (…) los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

El Fortamun es una de las fuentes más importantes de recursos susceptibles de destinarse a seguridad pública en general y a policía en particular. En comparación, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (sic) rondará en 2020 los 7 500 millones de pesos y el subsidio federal para el fortalecimiento del desempeño para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los cuatro mil millones de pesos. Esperar que estos recursos sean la única fuente de financiamiento es, por decir lo menos, negligente.

El problema es que para la mayoría de los municipios, mejores policías no es una prioridad en su presupuesto, aún cuando es la confianza policías locales la que mayor peso tiene en la percepción de seguridad y la que atiende cara a cara las solicitudes de auxilio de 6 de cada 10 víctimas o testigos.

Ya vimos que la LCF establece los márgenes dentro de los que puede maniobrar el Legislativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que los recursos lleguen a distintas necesidades en los municipios. Ahora, dos precisiones necesarias:

¿Qué dice el PEF sobre el gasto en seguridad municipal?

“Por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública”.

¿Cumplen los municipios con destinar 20% del FORTAMUN a seguridad pública?

No es posible responder esta pregunta a ciencia cierta. De acuerdo con un informe publicado en 2017 por la Auditoría Superior de la Federación sobre el FORTAMUN, 40 por ciento de una muestra de 82 municipios (32) no difundió entre la población la aplicación de los recursos del fondo, aunque así lo mandata la LCF. Es indispensable que la Secretaría de Hacienda publique, si no la información trimestral que los municipios le reportan respecto del ejercicio y destino del fondo, por lo menos el informe anual. Y si no sabemos cuánto gastan en el amplio concepto de seguridad pública, menos aún conocemos el tamaño del gasto en policía local, también a falta de auditorías y revisiones del gasto en este rubro fundamental a nivel municipal.

Quizá en parte se asume que los municipios reconocen y se harán responsables de la debilidad de sus instituciones policiales ante los problemas de seguridad y violencia que se enfrenta a nivel local. La realidad, sin embargo, demuestra que esto no ocurre en la mayoría de los casos.

Aunque es cierto que aumentar el gasto en policía no se traduce automáticamente en mejores resultados en seguridad, hoy partimos del hecho de que la mitad de los municipios del país cuenta con 10 o menos policías, 30 por ciento de las personas que integran estas instituciones no puede pagar las medicinas y atención médica que requiere a nivel individual o sus dependientes económicos y de que a cinco por ciento no tiene comida suficiente todos los días en casa.2 Salvo en contadas excepciones, sí es urgente destinar de manera sostenida más recursos públicos para las instituciones policiales municipales. Por eso es fundamental que municipios y entidades federativas contribuyan con lo que les toca para cumplir el acuerdo del CNSP y destinar al menos la mitad del Fortamun al desarrollo de las policías locales.

No todo en este terreno son sombras y hay que señalarlo. Más aún: hay iniciativas que se deben replicar. El estado de Nuevo León creó desde 2017 el Fondo de Seguridad para Municipios, que se construye en parte con un porcentaje de los impuestos a juegos por apuestas. En 2019, por este concepto los municipios de la zona metropolitana de Monterrey recibieron 886 millones de pesos. En comparación, el subsidio federal para la seguridad de municipios fue de 213 millones. Este año llegarán 921 millones de pesos, cuyo gasto acompañará la iniciativa de empresarios, sociedad civil y academia Mesa Metrópoli Monterrey, órgano que está empujando el cumplimiento del compromiso del 50 por ciento del Fortamun para policías municipales.

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado en el CNSP establece cuáles son los componentes en los que resulta indispensable invertir por vía de fondos como el Fortamun y el ejemplo neoleonés antes descrito (de origen local), para que las policías locales de todo el país contribuyan a la reducción del delito, de la violencia y la impunidad. Entre los primeros pasos está aumentar el estado de fuerza para cubrir las necesidades operativas, depurar las corporaciones, garantizar salarios, condiciones y prestaciones laborales no solo dignas, sino competitivas, así como un sistema de ascensos basados en el desempeño.

Sin sistemas locales de financiamiento sostenible para las policías más cercanas a la población y a sus problemas de seguridad, no existen razones fundadas para esperar mejoras en este ámbito.

 

Lilian Chapa Koloffon
Investigadora senior del World Justice Project


1 Acuerdo 04/XLIV/19. El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda la revisión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) a fin de que el porcentaje que hoy contempla para tareas de seguridad, se incremente a un mínimo de cincuenta por ciento para el financiamiento de las policías municipales. Se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a coordinar los trabajos para promover las reformas administrativas y legales necesarias para tal fin.

2 Cálculos del World Justice Project con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017.