A pocas semanas de concluir el año, medios, analistas y gobernantes se preparan para hacer un balance de 2019 en materia de seguridad. La creación de la Guardia Nacional, las matanzas en Coatzacoalcos y en Aguililla, el “culiacanazo” y la masacre de la familia LeBarón, son algunos de los acontecimientos que quedaran en la memoria colectiva como recuerdos de un año en el que la violencia homicida no disminuyó, a pesar de haber desacelerado (tendencia iniciada desde finales de 2018).

Los datos de defunciones por homicidio que presentará el INEGI el año que viene nos permitirán analizar con mayor precisión la evolución del número de personas asesinadas en 2019. Sin embargo, para los demás delitos del fuero común, la única fuente oficial a nuestra disposición sigue siendo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y sus cifras de incidencia delictiva, con las deficiencias que ya han sido enumeradas en repetidas ocasiones (cf. “Retos en el monitoreo de la incidencia delictiva” y “Mayo, 2019: ¿Qué dicen los datos de seguridad?”).

Ilustración: Patricio Betteo

Dejando de lado el “pecado original” de esta metodología de registro de los delitos —que parte del conteo de las investigaciones ministeriales sin incluir los hechos posiblemente delictivos que son conocidos por los primeros respondientes (como las policías)—, es de suma importancia recordar que el instrumento1 proporcionado por el SESNSP a las fiscalías (o procuradurías) estatales no necesariamente se apega a los códigos penales de las entidades federativas. Esto, porque busca homologar la clasificación de los delitos entre las 32 entidades del país.

El problema surge cuando se busca enfocar el análisis en un tipo de delito en específico. Al monitorear la evolución de los secuestros, por ejemplo, los datos publicados por el SESNSP indican un total de 1,142 carpetas de investigación iniciadas (CI) entre enero y octubre de 2019, a nivel nacional, por alguna de estas cinco categorías: secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés y otro tipo de secuestros. Sin embargo, la misma tabla de datos también presenta, a nivel nacional, 22 CI por tráfico de menores, 97 por rapto y sobre todo 16, 774 por “otro tipo de delitos que atentan contra la libertad personal”.

Como ya se ha discutido en una pasada entrega, esta última categoría contiene todas las CI iniciadas por algún delito contra la libertad personal, por las cuales el personal de las fiscalías (o procuradurías) estatales no pudo o no quiso clasificar los hechos en alguna de las categorías específicas previstas en el instrumento de registro estadístico del SESNSP. Asimismo, por la falta de claridad sobre el tipo de delito al que corresponden, ésta y las otras categorías identificadas como “otros” suelen no ser tomadas en cuenta en el análisis de las cifras reportadas por el SESNSP.

Si revisamos la “fotografía completa” de los delitos que atentan contra la libertad personal, con base en el número de CI reportadas por el SESNSP entre enero y octubre de 2019 para cada entidad federativa, lo primero que resalta es la cantidad de casos que fueron clasificados como “otros”. Asimismo, las cifras que presentan estados como Nuevo León, Hidalgo y Sinaloa, son relativamente bajas si solo se observa las cinco categorías de secuestro del instrumento de registro del SESNSP (respectivamente 22, 25 y 5 CI iniciadas de enero a octubre de 2019), pero muy altas si se incluye a la categoría “otro tipo de delitos que atentan contra la libertad personal”.

De forma similar, en Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Nayarit y Tabasco, más de 40 por ciento de las CI iniciadas por algún delito contra la libertad y la seguridad sexual fue clasificado como “otros” en el registro estadístico.

Finalmente, 13 por ciento del total de delitos del fuero común reportados en 2019 por el SESNSP a nivel nacional no se registraron en una categoría específica por las fiscalías o procuradurías estatales (9 por ciento incluso fuero clasificados como “otros delitos del fuero común”). En el Estado de México, este porcentaje asciende a 28 por ciento y en Yucatán a 27 por ciento.

Entre las múltiples áreas de oportunidad que existen en el sistema de registro de los delitos en México, urge mejorar la capacidad del personal ministerial que se dedica a sistematizar los datos sobre las CI iniciadas y repetir auditorías. Sin una información de calidad sobre los fenómenos delictivos, resulta imposible desarrollar estrategias eficaces para mitigarlos y evaluar el desempeño de las autoridades.

 

Paul Frissard
Coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido contra la Delincuencia A.C.


1 SESNSP (2018), Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15