El 26 de noviembre de 2019, en una entrevista con Bill O’Reilly —expresentador de Fox News y ahora locutor de un programa de radio conservador— el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció su intención de incluir a cárteles mexicanos del narcotráfico en la lista oficial de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano. Esto, a pregunta expresa del locutor sobre si tenía contemplado incluirlos en la lista y tomar medidas más drásticas, como ataques aéreos con drones. Entender lo que implica esta decisión requiere conocer, tanto ciertas particularidades del sistema constitucional estadounidense, como la historia de este país con respecto a intervenciones en el extranjero. Esto último es particularmente en el contexto de la guerra contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Antes de discutir este tema más sustantivamente, es importante aclarar que la probabilidad de que la probabilidad de que en efecto se presente una intervención militar estadounidense en México es baja. A diferencia de cualquier otro país, el nuestro comparte una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, lo que significa que cualquier consecuencia negativa de la intervención tendría consecuencias mucho más directas. No obstante, como espero que quede claro más adelante, no deberíamos descartar la posibilidad del todo.

Ilustración: Patricio Betteo

Legal y constitucionalmente, la decisión de clasificar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas es, por lo menos, interesante. Los precedentes tienen un peso mucho mayor en el derecho anglosajón que en el romano, por lo que una sola decisión puede tener consecuencias que van mucho más allá de la decisión en sí misma. En este caso, esto es relevante porque de acuerdo con la definición legal de terrorismo en Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico no cumplen con las condiciones para ser calificados como tales. El Título 22, Sección 2656f. del Código de los Estados Unidos1 define “terrorismo” violencia premeditada perpetrada en contra de individuos no combatientes con motivaciones políticas. Los cárteles no cumplen con esta última condición (el carácter político de sus motivaciones), por lo que, si el ejecutivo decidiera designarlos como tales, la interpretación de esta legislación podría ampliarse y tener consecuencias para la forma en la que el gobierno norteamericano trata con organizaciones criminales fuera de su país.

¿Qué consecuencias podría tener esta decisión? La intervención militar es una de las que más se ha hablado; sin embargo, no es la única, y las demás tampoco son necesariamente positivas. Desde que el presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo, el trato que se le da a grupos designados como tales es único, ya que se considera un asunto de suma importancia para la seguridad nacional. Esta no es la primera vez que una organización criminal similar a los cárteles es considerada para esta lista: en 2017, la administración de Donald Trump consideró designar a la pandilla o mara “MS-13” como tal. Este ejemplo es útil porque tiene paralelos importantes con los cárteles, y los análisis legales que se hicieron entonces son relevantes.

En un artículo en el Michigan Law Review, la abogada Jillian Blake argumentó que las consecuencias de esta acción serían mayoritariamente negativas. En gran medida esto se debe al trato excepcional que reciben las organizaciones terroristas. Blake explica que las leyes al respecto quitan la posibilidad de pedir asilo, así como varias otras protecciones humanitarias a quienes den apoyo material a estas organizaciones. El problema, y esto no puede perderse de vista, es que esto incluye también personas cuyo apoyo haya sido dado bajo presión o amenaza. Por lo tanto, aunque esto podría dificularle a los cárteles la obtención de armas o recursos, también afectaría negativamente a los miles de personas que, aun contra su voluntad, han tenido que estar al servicio de estos grupos. Entre otras cosas, les quitaría la posibilidad de refugiarse en Estados Unidos si su vida estuviera en peligro por esta misma razón.

El asunto de la intervención es un poco más complejo. Históricamente el congreso es la rama del gobierno que tiene la facultad exclusiva de autorizar el uso de la fuerza militar. Esto se establece en el Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, desde la Guerra Fría esto empezó a cambiar.

Como lo explica William LaRose en el Cornell Policy Review, hoy existen diferentes legislaciones que regulan el uso de la fuerza militar por parte de las diferentes ramas del gobierno en distintas circunstancias y no siempre es claro cuál es la que debe prevalecer, lo cual abre la puerta para que cada actor las interprete de acuerdo con sus necesidades. Una de las legislaciones más relevantes es la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, que fue aprobada por el congreso a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Esta resolución le daba al presidente le autoridad para usar a las fuerzas armadas a discreción con el objetivo de pelear contra los responsables de los atentados. Sin embargo, con los años la interpretación estricta relacionada con los ataques del 11 de septiembre se fue abandonando y más recientemente se ha usado para combatir organizaciones terroristas en general. Se usó, por ejemplo, para justificar la intervención en Siria contra el Estado Islámico, que ni siquiera existía cuando ocurrieron los atentados en el Pentágono y el World Trade Center. Con esto, hoy hay presencia militar norteamericana en 39 por ciento de los países del mundo, en muchos casos en lugares en los que ni el congreso ni el público tenían información.

La administración de Trump tiene un historial curioso respecto a la confrontación. Por un lado, ha tenido acercamientos con regímenes con los cuales sus predecesores tuvieron relaciones hostiles, como Corea del Norte. Sin embargo, su administración ha escalado el conflicto con Irán y apoyado la desestabilización de regímenes antagónicos, incluso en América Latina, como el de Venezuela. Es importante mencionar que esto último, entre otras cosas, llevó a Trump a despedir a su asesor de seguridad John Bolton, ya que incluso para el Presidente esta estrategia era demasiado hostil.

Al mismo tiempo, no obstante, la administración también ha incrementado el uso de drones, y con ello las muertes de civiles, significativamente, y esto no ha causado ningún conflicto dentro de la administración. Además de esto, la rendición de cuentas con respecto a su uso se ha eliminado. Lo que espero que quede claro con todo esto es que en términos de uso de la fuerza militar, la administración de Trump es sumamente impredecible. Sí, es cierto que la posición geográfica de México cambia mucho las cosas, pero esto no pueda ser la única consideración.

A esto debe añadirse también el contexto en el que las intervenciones estadounidenses en América Latina han ocurrido. Por usar sólo dos ejemplos, el golpe de estado en Chile en 1973, en el que el papel de Estados Unidos está documentado, fue apoyado por una significativa parte de la población chilena. Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, también tenía el apoyo de una considerable parte de la población, y este es otro caso en el que el apoyo de EEUU era abierto. Bolton admitió, incluso, que Estados Unidos estaba considerando todas las opciones en esta situación.

Es difícil saber que tanto apoyo existe en México a favor de una intervención directa por parte de Estados Unidos en contra de los cárteles; no obstante, hay razones para pensar que no es bajo. Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky entre el 27 y 28 de noviembre, encontró que la opinión pública está dividida con respecto a una posible intervención por parte de EEUU: 46 por ciento a favor, y 51 por ciento en contra.  Si bien no es una mayoría, el porcentaje a favor es muy alto. La diferencia incluso podría ser estadísticamente no significativa, aunque en los resultados no se indican los intervalos de confianza de la encuesta, por lo que esto último no se puede saber.

Esto es, en cierta forma, comprensible. La idea de que las fuerzas armadas norteamericanas, las más tecnológicamente avanzadas del mundo realicen ciertas operaciones y —con la precisión de un cirujano— acaben con los cárteles es ciertamente atractiva. Y, de nuevo, la influencia de que puede tener el apoyo local en la decisión no debe desestimarse. Sin embargo, es fundamental reconocer que la idealización de la eficiencia del ejército norteamericano es poco más que una fantasía. Las recientes intervenciones militares lo dejan claro. La superioridad tecnológica estadounidense frente a sus rivales no está en duda; sin embargo, ha servido de poco. Después de dieciséis años en Irak, no es difícil argumentar que las cosas están peor. El Estado Islámico no existía en 2003, cuando la primera invasión ocurrió, y hay evidencia de que, de no ser por la invasión, no se habría formado.

La guerra en Afganistán, por otra parte, inició en 2001 con el objetivo de capturar o dar muerte a Osama Bin Laden, lo que ocurrió una década después. Brown University ha realizado estimaciones, consideradas conservadoras por el equipo de investigación, que ponen el costo en vidas humanas alrededor de 480 mil. De estas, aproximadamente la mitad han sido civiles.

Ambos conflictos consistieron en invasiones con tropas. Sin embargo, las intervenciones más limitadas como el uso de drones tampoco han sido mucho mejores. El gobierno norteamericano no publica cifras sobre daños colaterales o muertes de civiles, pero organizaciones de investigación independientes estiman hasta 34 por ciento de víctimas inocentes. No hay ninguna razón que pueda sustentar que una intervención en México sería diferente.

Aún abandonando cualquier argumento nacionalista, apoyar una intervención militar norteamericana en contra de los cárteles es, por decir lo menos, peligroso.

 

Néstor de Buen Alatorre
Maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago. Ha sido investigador en temas de seguridad y justicia penal en distintas organizaciones de la sociedad civil.


1 El Código De los Estados Unidos (United States Code) es el compendio de todas las leyes federales aprobadas por el Congreso.